Ciento setenta y un alcaldes chilenos suscribieron una declaración pública en la que exigen al Senado aprobar la megarreforma tributaria y el mecanismo de compensación que esta incluye para los municipios del país.
El texto firmado por los jefes comunales pide explícitamente «aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del fondo común municipal se mantienen intactos». En otras palabras: que ningún municipio pierda un peso por el cambio en el régimen de contribuciones.
Los alcaldes también salieron al paso de las críticas de otros jefes comunales que rechazan el acuerdo. «Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas», señalaron en la declaración, en un dardo directo a quienes se oponen desde el municipalismo.
Además, el grupo firmante aprovechó para demandar una modernización del Fondo Común Municipal, una nueva Ley de Rentas III y «reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos».
Hasta aquí los hechos. Ahora la lectura que corresponde hacerse.
Lo que está en juego no es solo una disputa técnica entre alcaldes. Es la pregunta de siempre: cuando el aparato estatal decide alterar un sistema de financiamiento, ¿quién absorbe el costo? La promesa de compensación del 100% suena tranquilizadora, pero toda compensación sale de algún bolsillo. El contribuyente —el mismo que paga sus contribuciones, el mismo que sostiene el Fondo Común Municipal— es quien termina cuadrando la ecuación.
Que 171 alcaldes aplaudan un mecanismo de compensación no lo convierte automáticamente en buena política fiscal. Lo convierte en política electoral: ningún alcalde quiere explicarle a sus vecinos que el municipio recibirá menos dinero. El problema es que esa lógica, repetida en 345 comunas, es exactamente la que hace crecer el gasto público sin que nadie se sienta responsable. Que no te lo cuenten.
