Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó este jueves al gobierno de Donald Trump. El motivo: condicionar fondos federales para desastres y emergencias al cumplimiento de políticas migratorias y electorales.
La querella se presentó en un tribunal federal de Rhode Island. Apunta directamente al Departamento de Seguridad Nacional y a la FEMA. Según los demandantes, las condiciones impuestas sobre miles de millones de dólares en subvenciones —aprobadas por el Congreso— son ilegales e inconstitucionales.
Los requisitos exigidos por la administración incluyen colaboración con agencias federales de control migratorio, aceptación de nuevos mandatos de administración electoral y la posibilidad de cancelar los fondos con base en criterios adicionales.
No es el primer round. El fiscal de California, Rob Bonta, recordó en conferencia de prensa que ya impugnaron y bloquearon dos intentos anteriores similares sobre estos mismos programas. «La administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales», dijo Bonta, quien encabeza la demanda junto al fiscal de Illinois, Kwame Raoul.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también tomó la palabra. Advirtió que Trump no puede coaccionar al Estado Dorado para cambiar sus propias leyes electorales.
La demanda lleva la firma de 24 estados más el Distrito de Columbia.
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Aquí el fondo real del debate. La Casa Blanca sostiene que quien recibe dinero federal debe cumplir prioridades federales. Es una postura legítima en principio. El problema, según los tribunales que ya la han frenado dos veces, es el método: atar fondos de emergencia —pensados para terremotos, huracanes e inundaciones— a exigencias que nada tienen que ver con la gestión de desastres.
La coalición demandante no es neutral. Está encabezada por los fiscales de los estados más hostiles a la política migratoria de Trump. Eso no invalida el argumento jurídico, pero sí revela el campo de batalla político. Lo que está en juego es quién manda sobre el dinero del contribuyente federal: el Congreso que lo aprobó o el Ejecutivo que lo distribuye. Ese es el principio. Y los tribunales, hasta ahora, han dicho que no es el Ejecutivo.
