Gavin Newsom no se va con las manos vacías. Antes de cerrar su etapa como gobernador de California, dejó instalados 521 jueces en los tribunales del estado. La abrumadora mayoría son demócratas. Una generación entera de jurisprudencia californiana lleva su firma.
Solo en junio de 2026, Newsom nombró a 29 jueces. De ellos, 26 son demócratas. Los tres restantes figuran como independientes o sin afiliación. Entre esos 29, cuatro son magistrados de Cortes de Apelaciones —todos demócratas— y once son jueces de tribunales superiores en distintos condados —también todos demócratas.
Al 1 de julio, California registra 64 vacantes judiciales, siete de ellas en el nivel de apelación. El condado de Los Ángeles encabeza la lista con 23 plazas abiertas. La más codiciada es la vacante en la Corte Suprema estatal. Los tres candidatos favoritos tienen algo en común: los tres fueron nombrados previamente por el propio Newsom.
La Corte Suprema de California ya está sembrada de sus designados. Newsom nombró a la presidenta Patricia Guerrero y a la magistrada Kelli M. Evans, ambas demócratas. Los magistrados Martin Jenkins y Kelli Evans trabajaron además en su administración. El único republicano en la corte, Carol Corrigan, llegó al banco por designación del exgobernador Arnold Schwarzenegger.
El patrón no es solo político: tiene consecuencias concretas para los ciudadanos. La jueza Shannon Faherty, designada por Newsom, condenó a cuatro años y 18 meses de prisión a Jashanpreet Singh, un inmigrante indocumentado, por el homicidio vehicular de tres personas. El juez R. Paul Kawai, también nombrado por Newsom, dictó un año de cárcel del condado —no prisión estatal— al agresor de Paul Kessler, un hombre judío que murió por las lesiones recibidas a manos de un manifestante pro-Palestina, pese a que la fiscalía pedía una condena más larga en prisión estatal. La jueza Crystal T. Seiler, otra designada de Newsom, impuso apenas un año de cárcel del condado a dos hombres que golpearon brutalmente a un indigente anciano mientras dormía, dejándolo con daño cerebral permanente; la fiscalía pedía el máximo de siete años.
Que no te lo cuenten. Esto no es administración de justicia: es consolidación de poder. Newsom usó la palanca de los nombramientos judiciales con una disciplina que envidiaría cualquier operador político. El resultado es un aparato estatal —los tribunales— alineado ideológicamente con su partido durante décadas, sin importar quién gane las próximas elecciones.
Y el hombre que construyó ese sistema ahora apunta a la presidencia en 2028. El mismo que podría nominar jueces a la Corte Suprema federal tiene un historial que los votantes tienen todo el derecho —y la obligación— de examinar con lupa.
