Los números no mienten. Un programa municipal de Los Ángeles impulsado por la concejal Nithya Raman gastó más de 60 millones de dólares. Resultado: tres apartamentos ocupados.
Tres.
El llamado Time Limited Subsidy Program arrancó en septiembre con una meta declarada de 2,000 unidades. A finales del mes pasado, según informó The California Post, el marcador seguía en tres. No es un error tipográfico. Es la política pública de la ciudad más cara de Estados Unidos en acción.
Y eso no es todo. El Ayuntamiento de Los Ángeles sigue bombeando cientos de millones de dólares de los contribuyentes hacia la LA Homeless Services Authority (LAHSA), una agencia envuelta en escándalos. La administración Trump retiró 200 millones de dólares en fondos federales para LAHSA este año. La razón: una investigación federal por presunta malversación financiera, conflictos de interés y supervisión deficiente de contratos. El vicepresidente JD Vance fue directo: «el fraude y la corrupción terminan hoy», según declaraciones citadas en la fuente.
El condado de Los Ángeles ya sacó sus propias conclusiones. En 2025 prácticamente abandonó la agencia y creó su propio departamento interno para atender la crisis habitacional. La ciudad, en cambio, sigue atada al mismo aparato disfuncional.
Mientras tanto, el programa Inside Safe de la alcaldesa Karen Bass paga tarifas desorbitadas para alojar temporalmente a personas sin hogar en habitaciones de hotel. Los sin techo en la ciudad suman 43,000, según el último conteo disponible. Ningún programa parece moverlos de las calles de forma sostenida.
Para completar el cuadro, personas en situación de calle habrían sido presuntamente sobornadas y explotadas en una operación de recolección de votos en las primarias del 2 de junio, en beneficio de Bass y Raman. Así lo señala la fuente, que atribuye el señalamiento a terceros.
El relato se cayó solo.
Esto es lo que produce el «complejo industrial del homeless»: dinero público canalizado hacia organizaciones sin fines de lucro que, según la fuente, se benefician financieramente de mantener el problema, no de resolverlo. La política de «housing first» ignora las causas reales: adicciones y salud mental sin tratar. Pone el techo antes que la rehabilitación. Y el resultado es siempre el mismo: más presupuesto quemado, menos personas recuperadas.
Contrafuego lo dice sin rodeos. Cuando el Estado gestiona la miseria, la miseria se vuelve negocio. Los Ángeles lleva años demostrándolo. Sesenta millones de dólares por tres apartamentos no es un fracaso accidental. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado: para alimentarse a sí mismo, no para resolver nada.
