El consenso es raro en Estados Unidos. Pero en esto lo hay: 74% de los adultos apoya prohibir los celulares durante el horario de clases, frente a apenas 19% que se opone. Republicanos, demócratas e independientes coinciden. Gobernadores tan distintos como Kathy Hochul (D) de Nueva York y Sarah Huckabee Sanders (R) de Arkansas han impulsado prohibiciones de campana a campana. Y aun así, 18 estados no han actuado.
La investigadora Liesel Crocker, del Foundation for Government Accountability, lo documenta sin rodeos: el rendimiento académico en Estados Unidos lleva una década cayendo desde que los smartphones se generalizaron. Los estudiantes de preparatoria registran hoy los niveles más bajos de lectura y matemáticas en la historia reciente. El vínculo entre uso de celular en adolescentes y menor tiempo dedicado al trabajo escolar, peor control cognitivo y peor desempeño académico está establecido. No es opinión: es lo que arrojan los estudios.
Para cuando un niño cumple 10 años, aproximadamente la mitad ya tiene su propio smartphone. El dispositivo compite con el maestro, con los libros, con la actividad física. Y, según el texto, en la mente de millones de escolares, el teléfono está ganando.
De los 44 estados que han aprobado alguna forma de ley o política sobre celulares en escuelas, solo 26 tienen prohibiciones de campana a campana que cubren todo el día escolar. El resto se conforma con políticas de «no mostrar», donde el teléfono puede estar en el bolsillo o la mochila. Crocker cita dos experimentos que demuestran que «la mera presencia de estos dispositivos reduce la capacidad cognitiva», incluso cuando se intenta resistir la distracción. Los adultos en EE.UU. miran su teléfono un promedio de 186 veces al día. Pedirle a un niño de 11 años que lo ignore en el bolsillo es, en el mejor de los casos, ingenuidad.
El 86% de los directores en escuelas con restricciones respalda los beneficios: mejor clima escolar, menos uso inapropiado y reducción del cyberbullying. El 90% de los maestros encuestados apoya la prohibición durante clase; el 83% apoya la prohibición de campana a campana. Incluso seis de cada diez estudiantes apoyan algún tipo de restricción.
Que no te lo cuenten de otra forma: este no es un debate ideológico. Es una pregunta de gestión básica del bien público más escaso que existe en un salón de clases: la atención.
Desde Contrafuego lo decimos sin ambigüedad: el Estado que no puede proteger el tiempo de aprendizaje de sus alumnos de una pantalla no merece el presupuesto que le confían los contribuyentes. La burocracia educativa lleva años exigiendo más recursos mientras entrega menos resultados. Aquí hay una herramienta de costo casi cero, con apoyo casi universal, que funciona donde se aplica. Que 18 estados la rechacen no es neutralidad: es negligencia con nombre y apellido político.
