Un grupo de 76 alcaldes oficialistas firmó este jueves una declaración pública. En ella respaldan el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el municipalismo en el marco de la llamada megarreforma. También exigen al Senado despachar la iniciativa «con la urgencia que requiere».
El documento se titula «Sobre el acuerdo alcanzado en la Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín 18.216-05)». Su argumento central es uno: el acuerdo garantiza la compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país. Tanto los ingresos propios como los provenientes del Fondo Común Municipal quedarían, según los firmantes, blindados frente al megaproyecto.
Entre quienes suscriben la declaración figuran nombres conocidos. Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia), Camila Merino (Vitacura), Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea), entre otros. La lista suma alcaldes de comunas tan distintas como Punta Arenas, Puerto Montt y Huechuraba.
«Nuestra responsabilidad como alcaldes es velar por el bien de nuestros vecinos», señala el texto. Y añade que el diálogo con el gobierno permitió cumplir «el principal objetivo trazado por el municipalismo»: que ningún municipio perdiera ingresos por la reforma.
El bloque oficialista también salió al cruce de las críticas. «Rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes de oposición», dice la declaración. Los firmantes acusan a esos alcaldes de operar desde «trincheras políticas» que «rentabilizan agendas ideológicas» en lugar de servir a los vecinos.
El cierre del documento llama a la unidad. La Asociación Chilena de Municipalidades, dicen, debe trabajar «en función de los 345 municipios, como un solo Chile».
Aquí el relato se cae solo. Setenta y seis alcaldes oficialistas aplauden un acuerdo que ellos mismos negociaron con el gobierno que los respalda. No es unidad municipal: es la burocracia cerrando filas. La pregunta que el documento no responde es simple: ¿quién fiscaliza que esa compensación prometida llegue efectivamente a cada comuna, sin recortes ni condiciones políticas? Mientras el aparato estatal celebra el pacto, los contribuyentes de las 345 comunas esperan que alguien les explique el costo real.
