El número es 906. Esas son las escuelas de la red pública de Nueva York que, según un nuevo informe de la red de escuelas charter Success Academy, acumulan fracasos año tras año sin que nadie rinda cuentas. De 1.600 planteles en la ciudad, 906 son lo que el reporte llama «fábricas de fracaso permanente».
Dentro de esas 906 escuelas estudian 409.379 niños, el 43% de todos los alumnos de escuelas públicas de Nueva York. En 503 de ellas, la mayoría de los estudiantes reprobó tanto matemáticas como lectura el año pasado. Algunos de esos planteles acumulan una década entera de resultados desastrosos.
Lo que el informe documenta no es solo incompetencia: es un sistema diseñado para ocultar el desastre. Los criterios de identificación de escuelas fallidas «no generan responsabilidad», sino «elegibilidad», advierten los autores. Elegibilidad para recibir más ayuda federal categórica que, según el análisis, se canaliza hacia los adultos del sistema antes de llegar a los estudiantes. La lógica perversa es clara: cuanto más falla una escuela, más recursos califica para recibir.
Y el gasto sigue subiendo. El alcalde Mamdani destinará este año 38.600 millones de dólares al Departamento de Educación, casi 4.000 millones más que el año anterior, a pesar de que la matrícula lleva años cayendo. El costo por alumno ha escalado a aproximadamente 49.500 dólares anuales, uno de los más altos del país.
«Lo que falta no es dinero… sino honestidad: medición honesta, reporte honesto y consecuencias honestas cuando las escuelas fallan de manera sistemática», concluyen los autores del informe.
Mientras tanto, las escuelas charter privadas de gestión pública muestran resultados superiores con la misma demografía estudiantil y con menos dinero. Sus datos son públicos, sus maestros enfrentan rendición de cuentas real y los planteles que fallan pueden ser cerrados. El contraste no necesita adornos.
Que no te lo cuenten. Aquí no hay misterio ideológico: hay un aparato burocrático — funcionarios del Departamento de Educación, legisladores en Albany y sindicatos docentes — que, según el propio informe, oscurece deliberadamente los fracasos para proteger empleos adultos. Los niños de los barrios pobres pagan la factura con su futuro.
El libre mercado aplicado a la educación tiene nombre y apellido en Nueva York: se llama competencia charter, y funciona. Eliminar el tope artificial que limita la expansión de esas escuelas no es una propuesta radical; es la consecuencia lógica de los datos. Seguir financiando sin condiciones a 906 escuelas que llevan una década reprobando no es política educativa: es política sindical disfrazada de gasto social.
