Abbott Laboratories aceptó pagar casi 385 millones de dólares para cerrar acusaciones ligadas a fórmula infantil y productos nutricionales fabricados entre 2018 y 2022, según el Departamento de Justicia.
La suma exacta es de 384,999,040 dólares. De ese total, unos 348.7 millones irán al gobierno federal para resolver alegatos bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, y otros 36.3 millones irán a estados por reclamos vinculados a Medicaid y al Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, más conocido como WIC.
Según la denuncia del gobierno, dentro de la planta de Sturgis, Michigan, las filtraciones eran tan frecuentes que el agua corría y goteaba sobre los equipos. En vez de arreglar de forma permanente el origen del problema, los fiscales dicen que Abbott usó soluciones temporales, entre ellas unas llamadas «sombrillas para filtraciones en el techo», para desviar el agua lejos de las áreas donde se procesaban productos.
La denuncia también sostiene que la dirección de la empresa entendía que un ambiente húmedo aumentaba el riesgo de contaminación por microorganismos. Además, el gobierno alega que Abbott siguió operando secadores incluso después de que se documentaran grietas y picaduras en su interior, condiciones que también elevaban el riesgo de contaminación, especialmente con humedad presente.
Otra acusación apunta a las pruebas. De acuerdo con la denuncia, Abbott evitó deliberadamente testear crecimiento bacteriano porque no quería obtener resultados positivos que mostraran contaminación. El Departamento de Justicia además alega que, en algunos casos en que las pruebas sí mostraron contaminación por microorganismos, Abbott no divulgó esos resultados al responder pedidos de la FDA durante inspecciones en 2019 y 2022.
El caso fue presentado originalmente por tres exempleados de Abbott, Scott Millard, Kristine Cooper y Loren Cooper, bajo las disposiciones para denunciantes de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Las alarmas ya venían desde antes. Funcionarios federales habían expresado serias preocupaciones por las condiciones en la planta de Sturgis. Las pruebas de la FDA encontraron Cronobacter sakazakii en la instalación, una bacteria que puede causar infecciones graves y hasta mortales en bebés. Abbott terminó llegando a un acuerdo con el gobierno federal sobre lo que debía hacer antes de poder reiniciar la producción.
La historia importa por algo más que el desastre sanitario. Cuando una empresa ligada a un producto básico juega con la calidad, el costo no lo pagan solo los padres que vacían estantes y recorren ciudades buscando alimento para sus bebés. También lo terminan absorbendo los contribuyentes, a través de programas públicos como WIC y Medicaid. Otra vez la doble vara: el aparato estatal entra tarde, pero la factura siempre llega a tiempo.
Que no te lo cuenten. La libre empresa depende de reglas claras, no de improvisación, ocultamiento y parches. Cuando se rompe la confianza en la cadena de suministro, no solo se daña una marca: se castiga a las familias y se erosiona la credibilidad de todo el mercado.
