El profesor de Derecho de George Washington University, Jonathan Turley, calificó de «absolutamente reprensible» la conducta del abogado Kevin Reddington. Reddington defendió a Lindsay Clancy en el juicio por el asesinato de sus tres hijos pequeños. El jurado terminó en punto muerto. Un solo miembro se negó a condenar. El juez declaró la nulidad del juicio.
Antes de esa declaración, Reddington intentó una jugada desesperada. Pidió que se expulsara al jurado disidente. Quería reemplazarlo por un suplente. En ese pedido lo acusó de tener sesgo contra personas con discapacidad o enfermedad mental. La moción fracasó.
Tras la nulidad, Reddington volvió a la carga. Dijo que Clancy y el resto del jurado fueron «robados por un hombre». Lo identificó como uno de los tres varones del panel. «Espero que ese tipo pueda dormir bien», dijo. También se jactó de haber «aplastado» al fiscal de distrito Tim Cruz. Lo acusó de no importarle nada los niños asesinados.
Afuera de la corte, mujeres que apoyaban a Clancy le gritaron a Cruz. Le dijeron que solo le importaban los niños muertos. Que no tenía compasión por la madre. Clancy nunca negó haberlos matado.
Turley fue duro con Reddington. Escribió que el abogado sabía, antes de hablar, que sus palabras identificarían al jurado. El disidente ya había sido señalado como uno de los tres hombres del panel. Turley advirtió que los «sabuesos de internet» terminarían encontrando su nombre. «Le puso un blanco en la espalda a un jurado que cometió el pecado imperdonable de no dejarse convencer», escribió.
Turley comparó el caso con la película «Doce hombres en pugna». En la ficción, el disidente salva a un inocente. En este caso real, el disidente pudo haber evitado una condena sin fundamento suficiente. Cerró citando «Matar a un ruiseñor»: «Lo único que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de una persona».
Que no te lo cuenten como una simple rabieta de abogado derrotado. Un litigante indignado porque un jurado no le hizo caso decidió señalar, casi con nombre y apellido, a un ciudadano común. Lo hizo en plena calle, frente a cámaras. La misma casta que exige respeto para sus estrategias procesales convierte en saboteador a quien ejerce su conciencia.
El caso expone algo más grande que este juicio. Expone la fragilidad de un sistema que depende de doce ciudadanos comunes dispuestos a resistir la presión de todos, incluso de su propio abogado. Si ese jurado termina expuesto y acosado por sostener una duda razonable, el próximo simplemente se sumará a la mayoría. Y ahí la justicia deja de ser justicia.
