Que no te lo cuenten.
El senador morenista Enrique Inzunza lleva más de 60 días sin presentarse a ninguna sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República. No ha dado la cara. No ha votado. No ha legislado. Pero el dinero de los contribuyentes sigue llegando puntual a su bolsillo.
Una solicitud de información con folio 350030300049326 reveló que la Tesorería del Senado le entregó 132 mil pesos en mayo: dos cheques —uno de BBVA y otro de Banorte— por 66 mil 452 pesos cada uno, emitidos el 14 y el 28 de ese mes. El mecanismo de pago en cheque no es un detalle menor: le permite al Senado sortear el bloqueo de cuentas que la propia Unidad de Inteligencia Financiera ordenó ese mismo mes.
La Tesorería, encabezada por Melisa López López, defiende el pago con un argumento formal: la dieta de los senadores es «irrenunciable» conforme al Manual de Remuneraciones de la Cámara Alta, y no existe resolución judicial que obligue a suspenderla. La FGR abrió una investigación, pero hasta ahora no ha dado a conocer ningún avance.
El contexto es imposible de ignorar. El pasado 29 de abril, autoridades de Estados Unidos vincularon públicamente a Inzunza con la facción de Los Chapitos en Sinaloa. Desde entonces, el legislador se mantuvo alejado de la vida pública —según él mismo, para no generar mayor escándalo en el recinto legislativo—. Sin embargo, eso no le impidió reaparecer en redes sociales para compartir lo que llamó una «profunda reflexión» sobre Ignacio Manuel Altamirano y los próceres indígenas de la Reforma. Mientras el aparato estatal lo protege con fuero y cheques, él filosofa en X.
Inzunza es, según la fuente consultada, el único de los 10 señalados por Washington que conserva su cargo y el fuero constitucional que lo protege.
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Aquí está el principio en juego, y vale la pena nombrarlo sin eufemismos: el fuero constitucional y la burocracia interna del Senado funcionan, en este caso, como escudo para quien enfrenta acusaciones gravísimas de un gobierno extranjero. No hay sentencia, es cierto. Pero tampoco hay rendición de cuentas, ni suspensión, ni siquiera incomodidad institucional visible.
El contribuyente mexicano paga 132 mil pesos mensuales a un legislador ausente, acusado de vínculos con el crimen organizado, mientras la FGR guarda silencio y la Tesorería del Senado firma cheques con la tranquilidad de quien cumple el reglamento. Eso no es estado de derecho: es el relato de siempre, con otro presupuesto quemado y cero consecuencias.
