Alameda County tiene problemas para equilibrar su presupuesto. Aun así, sus autoridades evalúan pagos en efectivo a residentes negros bajo el concepto de reparaciones. El enfoque declarado incluye «reforma de justicia criminal», más gasto en vivienda y educación.
El debate no es nuevo en California. San Francisco y el propio estado formaron comités para estudiar reparaciones en 2020, en el pico del movimiento Black Lives Matter. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, creó una Fuerza de Tarea de Reparaciones de nueve miembros. Ninguno de esos ejercicios derivó en pagos concretos.
Hay un antecedente local que complica el argumento: según la fuente, Oakland «aprendió de la peor manera» que entregar dinero específicamente a residentes negros —incluso con fondos privados— es inconstitucional.
El ángulo histórico también pesa. California ingresó a la Unión como estado libre en 1850, bajo el Compromiso de 1850. Un grupo de senadores sureños advirtió en su momento que esa decisión podría llevar a la disolución del país. El riesgo fue real: años después, cientos de miles de estadounidenses murieron en la Guerra Civil. Ese legado, argumentan los críticos de las reparaciones, no encaja con la lógica de que California deba compensar una esclavitud que rechazó desde su fundación.
La primera ciudad en intentar pagos de este tipo fue Evanston, Illinois —otro estado libre, cuna de Abraham Lincoln—. La mayoría de los estadounidenses rechaza la idea, según recoge la fuente.
En materia económica, el argumento contrario tiene datos: durante el primer mandato del presidente Donald Trump, los salarios de los trabajadores negros subieron por primera vez en una década, de acuerdo con la misma fuente.
---
Aquí está el problema de fondo: un condado que no puede cerrar sus cuentas no está en posición de redistribuir riqueza por criterio racial. Lo que sí puede hacer —y no hace— es crear las condiciones para que la inversión privada llegue, genere empleo y eleve salarios. Cada vez que un gobierno local lanza una agenda racial de este tipo, le envía una señal clara a los inversores: aquí las reglas las dicta la ideología, no el derecho ni el mercado.
La doble vara es evidente. Las mismas administraciones que exigen austeridad a los contribuyentes encuentran espacio para financiar comités, estudios y ahora posibles pagos en efectivo que los tribunales ya han cuestionado en casos anteriores. El relato de la «justicia reparadora» suena bien en un foro progresista. En la cuenta del contribuyente de Alameda, suena diferente.
