El gobierno de Boric acumula otro traspié legislativo. Esta vez, con el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.
El Senado tuvo que aplazar la votación del informe de la comisión mixta. Lo hizo a pedido del propio Ejecutivo. El último nudo pendiente era la compensación de fondos municipales. Ante el riesgo de perder la votación en Sala, el senador Javier Macaya (UDI) invocó el recurso de «segunda discusión». Es una maniobra dilatoria reglamentaria. Impide votar un proyecto en esa sesión.
¿Qué falló? Los números. El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) viajó a su región por razones personales. Luego surgieron las dudas del senador Rojo Edwards y del senador Gustavo Sanhueza. Dos senadores oficialistas tampoco estaban presentes. La Moneda no lo sabía.
Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, no se guardó nada. En radio Universo fue directo: «Evidentemente el gobierno no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado».
La Cámara, según Alessandri, cumplió. Formó la comisión mixta el mismo día. Redactó el informe el mismo día. Aprobó el artículo de compensación a las 7.20 de la tarde. Él mismo dijo que «nunca en la historia del Congreso, desde el 90, se había tramitado tan rápido» un artículo de ese tipo en comisión mixta.
El diagnóstico de Alessandri es claro. El gobierno corrió a buscar votos de la oposición sin verificar primero los propios. «Los gobiernos también tienen que conversar con los votos afines, asegurar eso primero y después cruzar el puente a los votos de oposición». No lo hicieron. Lo llamó «error grave».
«Cuando a mí me apuran, yo asumo que esas conversaciones ya se han tenido», cerró.
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Esto no es un accidente aislado. Es el patrón de un gobierno que gestiona el Congreso con más relato que planificación. La Cámara hizo su parte. El Senado expuso la parte que faltó. Nadie en La Moneda verificó su propio patio antes de salir a exigir velocidad al resto.
El costo no es solo político. Detrás del «megaproyecto» hay fondos municipales, compensaciones y recursos públicos que siguen en el aire. Cada día de retraso legislativo tiene precio. Lo pagan los contribuyentes. No los funcionarios que no contaron los votos.
