El juez de la Corte Suprema Samuel Alito se recusó de Suncor Energy Inc. v. County Commissioners of Boulder County menos de una semana antes de que comenzaran los alegatos orales, según informó Scott Harris, secretario de la Corte Suprema, en una carta enviada el lunes.
Harris no dio explicación sobre la decisión. La recusación deja fuera a uno de los jueces en un caso vigilado de cerca sobre responsabilidad climática.
La disputa gira en torno a si Boulder, Colorado, puede usar reclamos estatales de responsabilidad civil para demandar a compañías de petróleo y gas por su presunto papel en contribuir al cambio climático. La Corte tenía previsto abrir el término 2026-27 con los alegatos en este expediente el lunes.
Republicanos han criticado el litigio. Sostienen que funcionarios de Colorado están usando el sistema judicial para empujar su agenda ambiental. Steve Cox, exfiscal general de Alaska y actual asesor del gobernador Mike Dunleavy, dijo en una llamada el martes que están yendo «a esas ciudades y estados» y usando demandas de responsabilidad civil, demandas masivas y por molestias públicas en tribunales estatales «en una forma coordinada» para lograr el mismo resultado sin pasar por funcionarios electos democráticamente.
O.H. Skinner, exprocurador general de Arizona y director ejecutivo de la Alliance for Consumers, dijo en esa misma llamada que no se trata de una pelea sobre clima ni sobre ciencia climática. Según Skinner, la verdadera cuestión es si se permitirá que este mecanismo «reconfigure la sociedad estadounidense» y si los tribunales serán los principales legisladores.
Carrie Severino, presidenta de JCN, dijo a Fox News Digital que Alito no toma a la ligera su deber de sentarse en los casos. También afirmó que no saben por qué se recusó, porque la razón no se hizo pública, y añadió que no espera que la recusación cambie el resultado de Suncor v. Boulder.
En el fondo, el caso es otra batalla sobre poder. No sobre discursos verdes. No sobre eslóganes judiciales. Es sobre si una coalición política puede usar el aparato estatal para saltarse a los votantes y empujar por la vía de los tribunales lo que no logra por la vía democrática.
Que no te lo cuenten. Cuando la burocracia judicial se convierte en el carril favorito para imponer agenda, el costo lo pagan la libertad económica, la seguridad jurídica y, al final, quienes terminan atrapados en una red de litigios que reemplaza el debate público. Otra vez la doble vara: si la política no alcanza, se recurre al juzgado.
