Antioquia arranca esta legislatura con solo 11 senadores y 17 representantes. Según el representante a la Cámara Andrés Guerra, es la bancada más pequeña en 50 años: el departamento pasó de 15 a 11 senadores, y desde 2010 no tenía menos de 12.
El diagnóstico que hace Guerra es duro. Una parte de la bancada antioqueña, dice, «terminó negociando con Gustavo Petro en el territorio» y mantiene «un relato en Bogotá y otro cuando llegan aquí». Eso, en su lectura, le quita músculo a la región justo cuando más lo necesita.
La agenda pendiente es larga. Guerra menciona el Metro de la 80, el túnel del Toyo —cuya inauguración podría postergarse hasta 2028 o 2030 si el Invías no entrega los equipos electromecánicos, según le advirtió el exgobernador Aníbal Gaviria—, 23 puntos ciegos en vías 4G, la crisis de la EPS Savia y el deterioro de la seguridad. También señala la deuda de $3 billones del Caribe con EPM como «un problema nacional» que hay que resolver rápido.
El contexto presupuestal no ayuda. Del presupuesto de $545 billones aprobado recientemente, $118 billones van a deuda, $367,6 billones a funcionamiento y solo $90 billones a inversión: $10 billones menos que al inicio del gobierno Petro.
Sobre seguridad, Guerra es categórico: «La Paz Total fue un fracaso total». Argumenta que los grupos armados de hoy no tienen ideología y que simplemente pactaron con Petro para operar. Mientras tanto, el gobernador Andrés Julián Rendón tuvo que crear un impuesto de seguridad para equipar a la Fuerza Pública, porque el Estado tarda nueve meses en licitar un dron.
En cuanto a su propio rol legislativo, Guerra anuncia que concentrará su esfuerzo en un solo proyecto: exigir nivel académico mínimo para ser congresista. Hoy, entre 103 senadores y 183 representantes, la ley no requiere ni bachillerato.
El relato se cayó solo. Cuatro años de «gobierno de la vida» dejaron a la región más productiva del país con menos voz en el Congreso, la inversión pública recortada y los grupos armados más fuertes que antes. Que parte de la bancada antioqueña haya negociado con el oficialismo en lugar de defender a su región no es un detalle menor: es exactamente cómo el aparato estatal copta a quienes deberían fiscalizarlo. Antioquia necesita representantes que tracen una hoja de ruta con las cámaras de comercio, las universidades y EPM —como propone Guerra— y no operadores que regatean cuotas en Bogotá. Que no te lo cuenten.
