Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley empujaron esta semana una campaña para que el Departamento de Justicia y el FBI investiguen lo que llamaron una «crisis nacional» por supuestos «linchamientos modernos». En su carta, citaron «10 reported hangings of Black people» en 2026 y exigieron revisar «every hanging death of a Black individual across the United States».
Pressley publicó el reclamo en X y habló de «modern-day lynchings». Ocasio-Cortez respaldó la misma línea y escribió: «This year, there have already been 10 reported hangings of Black people in the U.S. I’m proud to have signed onto @RepPressley’s letter to address these widespread modern-day lynchings and put a stop to this racial terror».
El problema es que las respuestas oficiales no acompañan ese relato. Tanto la New York Post como Daily Wire señalan que la mayoría de los casos citados fueron resueltos como suicidios por médicos forenses o por la policía. Daily Wire dice que los funcionarios, los exámenes forenses y los datos de seguimiento independientes muestran que «it’s simply not true» que exista esa epidemia como la presentan las congresistas.
Entre los casos mencionados, la muerte de Tasia Fortune, de 29 años, en Mississippi, sí está siendo investigada como homicidio. Terence Anderson figura, según la cobertura, como persona de interés en ese caso. Otro caso, el de un padre negro de nueve hijos en Carolina del Norte, fue calificado como sospechoso y sigue abierto. Los demás, de estados como Georgia y Carolina del Norte, fueron considerados suicidios sin indicios de delito por las autoridades locales.
Daily Wire añade que, en varios antecedentes citados por activistas y rumores en redes, los investigadores ya habían concluido que no hubo señales de intervención externa. También recuerda que un jefe policial de Cobb County, Dan Ferrell, pidió ceñirse a los hechos y dijo que no había «no indicators» de que alguien más hubiera participado en uno de los casos.
La carta de las demócratas también pide usar la Emmett Till Antilynching Act, aprobada en 2022, si alguna muerte resulta ser un linchamiento. La ley convierte el linchamiento en delito federal de odio, castigado con hasta 30 años de prisión.
Que no te lo cuenten: aquí hay un choque entre el relato político y la evidencia oficial. Cuando la burocracia mediática y la clase activista saltan primero a la conclusión ideológica, el daño es doble. Se erosiona la confianza pública y se usa el dolor real como combustible para una narrativa que todavía no resiste el examen básico de autopsias, policías y forenses.
Otra vez la doble vara. Si de verdad quieren justicia, empiecen por los expedientes, no por los titulares militantes. El derecho importa precisamente porque obliga a distinguir entre tragedia y crimen. Y porque el dinero y la autoridad del Estado no deberían ponerse al servicio de una consigna, sino de los hechos.
