No fue una casualidad. Fue una emboscada.
Dustin Crawford, de 42 años, se acercó deliberadamente a un grupo que grababa un comercial de campaña en Courthouse Park, en el centro de Fresno, un jueves por la tarde. Según la fiscal de distrito Lisa Smittcamp, Crawford reconoció al grupo, identificó a su víctima —un fiscal del condado de Fresno— y lo apuñaló tres veces en la espalda.
El motivo, según Smittcamp: venganza por un caso anterior en el que ese mismo fiscal contribuyó a enviarlo a prisión.
Deputados asignados al tribunal cercano respondieron de inmediato tras los reportes del ataque. Localizaron a Crawford a pocas cuadras del lugar y lo redujeron con una taser. También le incautaron un arma. El fiscal fue trasladado al hospital y posteriormente dado de alta.
Crawford enfrenta cargos de intento de homicidio e intento de homicidio contra un funcionario público. Está detenido en la cárcel del condado de Fresno con una fianza fijada en un millón de dólares. Las fuentes señalan que tiene un extenso historial delictivo con tiempo de prisión cumplido.
El sheriff del condado, John Zanoni, fue directo: la víctima simplemente estaba haciendo su trabajo cuando fue atacada. Smittcamp, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que sus fiscales «deben poder hacer ese trabajo sin miedo a la violencia».
Tiene razón. Y precisamente por eso la pregunta incómoda no puede esquivarse: ¿cómo llega un hombre con un largo historial delictivo a estar en la calle, con arma, listo para ejecutar una venganza premeditada contra un funcionario del Estado?
California lleva años construyendo un sistema de justicia que prioriza la «reinserción» sobre la protección de quienes aplican la ley. El resultado no es abstracto: es un fiscal apuñalado tres veces por la espalda en plena luz del día, frente a un tribunal. El relato de que rebajar consecuencias reduce la violencia se cayó solo, otra vez, en una acera de Fresno.
Los fiscales, los jueces, los agentes del orden —la gente que sostiene el estado de derecho con su trabajo diario— no deberían necesitar escoltas para grabar un anuncio de campaña. Cuando eso ya no puede garantizarse, el problema no es de recursos: es de prioridades. Y en California, las prioridades llevan demasiado tiempo mirando hacia otro lado.
