La ley de semillas argentina tiene 52 años. Nadie la defiende. Ni el Gobierno, ni la industria, ni los productores.
Eso quedó claro en el Congreso de Aapresid, celebrado en Rosario. Allí se sentaron en un mismo panel Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase); Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA); Pablo Ginestet, de Carbap y la Comisión de Agricultura de CRA; y Marcelo Torres, presidente de Aapresid. Todos dijeron lo mismo: hay que cambiar el marco. Y todos dijeron que el diálogo avanzó.
«Hoy tenemos una ley del año 1973 que quedó vieja, que no nos permite evolucionar en casi ninguno de los aspectos», afirmó Famulari. Paseyro lo suscribió. Recordó que Argentina fue pionera con esa legislación. Hoy, dijo, el desafío es «volver a recuperar ese protagonismo que tuvimos hace 50 años».
El avance más llamativo lo señaló el propio Famulari. Contó que en la primera reunión el sector productor aceptó, por voluntad propia, que hay que pagar por el uso propio de semillas. «Nunca había pasado», afirmó. Antes se ladraban. Ahora negocian.
El nudo sigue siendo el uso propio. Ya no se discute si debe existir. Se discute cuándo y cómo se paga. Torres habló de «uso propio incremental»: cuando un productor amplía superficie con la misma genética, «no hay mucha discusión: hay que pagarla». Falta definir la implementación.
Ginestet marcó los temas abiertos: alcance del derecho del obtentor, variedades esencialmente derivadas, biotecnología y patentes. Y lanzó una propuesta concreta. En vez de elegir entre UPOV 78 y UPOV 91, propuso construir un «UPOV 2026». Uno que incorpore edición génica y nuevos desarrollos biotecnológicos. Uno que quede plasmado en ley, no en una resolución administrativa. «Tenemos que ser capaces de encontrar algo intermedio», dijo.
Famulari recordó que el Gobierno se comprometió a enviar la adhesión a UPOV 91 al Congreso. Pero aclaró que lo decisivo será la reglamentación. ASA respaldó ese camino. La producción pide más.
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Que no te lo cuenten. Esto es lo que pasa cuando el Estado se corre y los privados negocian: posiciones que antes se trababan en trincheras ahora convergen en torno a reglas claras. El incentivo es la inversión en mejoramiento genético. El freno, históricamente, fue la inseguridad jurídica.
Argentina tiene una oportunidad real. Una ley moderna, con derechos del obtentor bien definidos y un esquema de uso propio que no destruya la rentabilidad del productor, puede atraer capital y tecnología. Una resolución administrativa, en cambio, dura lo que dura un gobierno. La diferencia entre ambas opciones no es técnica. Es de confianza. Y la confianza, en Argentina, se construye con ley.
