Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del informe de la comisión mixta por las Reglas de Uso de la Fuerza, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el ingreso de la propuesta de cinco senadores como alternativa a la reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.
La iniciativa fue desarrollada por Arturo Squella (Rep), Andrés Longton (RN) y Pedro Araya (PDD), con respaldo de Karim Bianchi (Ind.) e Iván Flores (DC). Surgió para intentar rescatar una propuesta que, en su formato original, tuvo un rechazo transversal en el Congreso.
Arrau dijo desconocer si finalmente se retirará la propuesta gubernamental. «Son temas bastante instrumentales por parte de Segpres. En este Congreso hay miles de proyectos que quedan ahí durmiendo, quedará ahí o se retirará», señaló.
Sobre la alternativa impulsada por los senadores, el ministro destacó que, con un proyecto ingresado de manera transversal, «vamos a poder abordar no todo, pero gran parte de las materias» que estaban en la reforma presentada por el Ejecutivo.
Añadió que en la tramitación se podrían hacer aportes en segmentación penitenciaria, autonomía de Gendarmería, reformas al Código Penal, listados de organizaciones de crimen organizado y una mejora del estado de excepción de emergencia. También agradeció a los senadores que firmaron la iniciativa.
Lo importante aquí es simple. La seguridad no avanza con propaganda ni con burocracia legislativa. Avanza cuando el Congreso deja de jugar a la táctica y se pone a resolver.
Que una parte de la agenda del Gobierno dependa ahora de una propuesta transversal muestra algo que el oficialismo no puede seguir ignorando: en seguridad, los resultados importan más que la autoría. Si ese proyecto permite destrabar materias concretas, mejor para los ciudadanos. Si no, la casta parlamentaria habrá vuelto a demostrar que sabe anunciar mucho y cerrar poco.
