Los demócratas de California declararon guerra abierta a la Proposición 39. La medida exigiría a los votantes presentar identificación oficial al votar en persona o entregar los últimos cuatro dígitos de su licencia de conducir, número de Seguro Social u otro documento al votar por correo.
Xavier Becerra encabeza el nuevo comité «No on 39 – Block Trump's Election Rigging». Lo acompaña como copresidente honorario el presidente de la Asamblea Robert Rivas. El comité arrancó con más de 2 millones de dólares. Los promotores de la Prop. 39, en cambio, ya superaron los 12 millones recaudados.
«El amaño electoral de Donald Trump no tiene lugar en California», dijo Becerra en un comunicado. La campaña opositora enmarca explícitamente la iniciativa como un ataque de Trump. No como un debate sobre verificación de identidad.
La Prop. 39 fue impulsada por el asambleísta Carl DeMaio (R-San Diego) y Reform California. Llegó a la boleta de noviembre tras reunir suficientes firmas. También obligaría al estado a emitir tarjetas de identificación electoral a quien las solicite, reforzar la verificación de ciudadanía y ordenar auditorías electorales adicionales.
Una encuesta del UC Berkeley Institute of Governmental Studies publicada esta primavera encontró que el 56% de los votantes probables apoyaba inicialmente la propuesta tras leer una descripción neutral. El apoyo bajó después de escuchar argumentos de ambos lados.
No todo el establishment demócrata cerró filas. El desarrollador multimillonario Rick Caruso aportó 25,000 dólares a favor de la Prop. 39, rompiendo con su partido. El veterano estratega demócrata James Carville advirtió esta semana que los demócratas perdieron la confianza pública en el tema del fraude electoral. «No vamos a ganar la guerra contra algún tipo de ID», dijo Carville. «Quizás simplemente te sumas y pasas a lo siguiente».
El fiscal general estatal Rob Bonta, por su parte, reescribió el título y resumen oficial de la iniciativa. La nueva redacción describe la medida como una que «prohibiría» votar sin identificación e «invalidaría» votos por correo que no cumplan los requisitos. DeMaio acusó a Bonta de «intentar corromper la elección con un título sesgado y deshonesto». La oficina de Bonta rechazó las acusaciones y señaló que las nueve iniciativas ciudadanas de este año recibieron revisiones de lenguaje.
Aquí el relato se cae solo. El aparato demócrata de California no discute si la identificación electoral es razonable. Directamente la convierte en sinónimo de supresión del voto. Eso es política, no argumento. Más de la mitad de los votantes californianos apoyó la medida al leer una descripción neutral. Eso dice todo. Cuando la burocracia reescribe el lenguaje oficial para asustar al votante y los candidatos a gobernador lideran comités de oposición, el principio en juego no es la identidad racial. Es quién controla las reglas del juego.
