El senador independiente Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dijo que respaldará la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pese a sus cuestionamientos iniciales a la iniciativa.
Su argumento es simple: la discusión se trabó y hay cerca de 30 proyectos de ley de seguridad esperando trámite. «Yo estoy ayudando a destrabar una situación que nos permita llevar una agenda de seguridad», afirmó en conversación con Mesa Central de Canal 13.
Bianchi insistió en que no se trata de un acercamiento político con la administración del Presidente José Antonio Kast, sino de una forma de destrabar la agenda legislativa. Dijo además que mantiene sus críticas a la propuesta constitucional presentada por el Ejecutivo, aunque cree que el debate terminó por absorber la atención del Congreso y frenar otras materias.
«Yo tengo acá (...) montón de proyectos, cerca de 30 proyectos que tengo que tramitar en seguridad. Y estoy bloqueado por la agenda constitucional», explicó.
El senador también puso el foco en una modificación a la Ley 18.216, que regula las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. La idea, según planteó, es ampliar el catálogo de delitos sujetos a restricciones para acceder a esos beneficios, incluyendo el secuestro extorsivo y el tráfico de armas, entre otros.
En paralelo, Bianchi cuestionó la falta de recursos para la vigilancia marítima en Magallanes y advirtió sobre los riesgos en el Estrecho de Magallanes. «¿Y dónde está el presupuesto para Magallanes, para el control marítimo del estrecho o lo vamos a transformar en un corredor para narcotráfico?», planteó.
También criticó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile sobre la soberanía nacional en el Estrecho de Magallanes y la Antártica. Las calificó como provocativas e insultantes. «Chile no requiere de ningún padrino para esto», dijo.
Además, sostuvo que la soberanía «no vale un centímetro menos que la de Estados Unidos» y expresó su deseo de que el representante diplomático sea reemplazado, aunque reconoció que las decisiones corresponden al Ejecutivo.
Que no te lo cuenten. Bianchi está diciendo algo que en el Congreso suelen esquivar: cuando la burocracia legislativa se encierra en su propio bloqueo, la seguridad queda al final de la fila. Y al final paga el ciudadano, no la casta que se reparte el relato.
Otra vez la doble vara: sobran discursos sobre soberanía, pero faltan presupuesto, control y gestión en zonas estratégicas. Si Magallanes importa de verdad, entonces importa financiarlo, vigilarlo y defenderlo. No con consignas, sino con Estado que funcione.
