El fiscal general Todd Blanche se sentó el domingo en «Meet the Press» y no mordió el anzuelo.
Kristen Welker, moderadora del programa de NBC, le preguntó directamente: «¿Puede usted comprometerse a que el Departamento de Justicia actuará siempre de forma independiente de la Casa Blanca?». La pregunta llevaba incorporada la acusación: Blanche fue el abogado personal de Trump antes de convertirse en fiscal general, y el relato mediático lleva meses construyendo la imagen de un DOJ capturado.
Blanche no esquivó. La rechazó de raíz.
«No, no voy a comprometerme a eso. Y ningún fiscal general debería hacerlo jamás», respondió. Su argumento fue concreto: si el presidente ordena perseguir a cada criminal violento del país —que es exactamente lo que Trump ha dicho— y el fiscal general jura «independencia», eso significa decirle al presidente que no. «Actuaré con integridad», añadió. «Nuestros fiscales actuarán con integridad. Procesaremos sin miedo ni favoritismo».
Cuando Welker insistió —«¿y si el presidente le pide cruzar una línea ética o legal?»— Blanche fue igual de directo: «El presidente nunca me pedirá algo ilegal. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Juré defender la Constitución de los Estados Unidos, como todos los secretarios de gabinete y como todos los fiscales generales antes que yo».
Sobre la narrativa de que Trump podría «apartarle» para pedirle algo ilegal, Blanche fue categórico: «Es completamente una narrativa falsa, no es verdad, no ocurrirá y no ha ocurrido».
Mientras la prensa exige muros entre la Casa Blanca y el DOJ, los críticos conservadores señalan el historial reciente. Bajo la administración Obama, el fiscal general Eric Holder se negó a entregar documentos al Congreso durante la investigación sobre la Operación Fast and Furious —el programa del ATF que permitió el tráfico de armas hacia México—, lo que llevó a la Cámara de Representantes a declararlo en desacato. Obama invocó el privilegio ejecutivo para protegerle. El mismo DOJ fue señalado por la incautación secreta de registros telefónicos de la Associated Press y por nombrar al periodista de Fox News James Rosen «co-conspirador» en una investigación por filtraciones.
Nadie en «Meet the Press» preguntó por eso.
Lo que está en juego aquí no es la independencia del DOJ: es quién controla el relato sobre ella. La prensa progresista lleva años construyendo una ficción en la que cualquier fiscal general alineado con las prioridades del ejecutivo es una amenaza constitucional —siempre que ese ejecutivo se llame Trump. Cuando el ejecutivo se llamaba Obama y el fiscal general funcionaba como escudo político, la misma prensa miraba hacia otro lado.
Blanche no cayó en la trampa. Que no te lo cuenten.
