Rob Bonta lo dijo sin ambages en 2022, tras la caída de Roe v. Wade: «Es tu cuerpo y tu derecho a elegir. Nadie más puede tomar esas decisiones». También dijo: «Nos negamos a retroceder y dejar que los políticos ejerzan control sobre el cuerpo de una persona».
Ahora el mismo Bonta lleva a juicio a dos organizaciones pro-vida — Heartbeat International y RealOptions Obria — por ofrecer la reversión de la píldora abortiva a mujeres que cambian de opinión en el último momento.
El procedimiento consiste en administrar progesterona en dosis altas para contrarrestar los efectos de la píldora abortiva. El argumento del fiscal general es que esos grupos no advierten suficientemente a las mujeres de que revertir un aborto podría causar sangrado severo.
El inconveniente del argumento sanitario: hay escasa evidencia de que tomar progesterona en dosis altas cause más sangrado que la propia píldora abortiva. Y cabe la pregunta que la fuente formula con precisión: ¿no es la relación riesgo-beneficio de un medicamento un asunto que corresponde a una mujer y su médico?
Las partes han pasado seis semanas presentando pruebas en un juicio sin jurado en el condado de Alameda. El fallo del juez está por venir. Bonta declaró el viernes que espera prevalecer.
El propio fiscal general reconoció en 2022 que usaría «toda la fuerza de la ley y toda la autoridad» de su cargo para proteger el derecho a elegir de la mujer. Esa declaración convive hoy con una demanda contra organizaciones que ofrecen precisamente eso: una opción distinta al aborto para mujeres que dudan.
Que no te lo cuenten. Lo que está en juego aquí es un principio elemental: si «pro-choice» significa algo, tiene que incluir también la elección de continuar con el embarazo después de haber tomado la píldora. La mujer que se arrepiente, que busca otra salida, debería merecer la misma protección retórica que Bonta prodiga cuando el destino del embarazo apunta en la dirección contraria.
El relato se cayó solo. No hace falta editorializarlo demasiado: las propias citas del fiscal general lo hacen. Cuando el «mi cuerpo, mi decisión» tiene una sola dirección permitida, deja de ser autonomía y se convierte en tutela con otro nombre.
