Rob Bonta, fiscal general de California, quedó atrapado en una pelea que se presentó como defensa del mercado, pero olía a política desde el principio. La fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery terminó con un acuerdo que, según la fuente, no incluyó los cambios estructurales que Bonta exigía.
La historia importa por una razón simple: las demandas antimonopolio no deberían convertirse en teatro partidista. Sin embargo, el caso fue descrito como parte de una «folly» bipartidista, con intentos tanto de Trump como de Bonta para frenar operaciones corporativas que finalmente siguieron adelante. En ambos casos, el resultado dejó mal parados a los funcionarios y no aportó nada claro a los consumidores.
La fuente dice que Warner Bros. Discovery no estaba rindiendo en sus cuentas. También señala que AT&T ya había vendido el negocio tras no poder hacerlo funcionar, y que después David Zaslav terminó forzado a venderlo a Paramount Skydance, el conglomerado de David Ellison y Larry Ellison. Ese es el contexto real: un negocio que no cuadra económicamente, y una clase política que pretende corregir con expediente lo que el mercado ya estaba resolviendo.
Bonta intentó capitalizar el caso con una narrativa de monopolio. Incluso celebró durante semanas en X el respaldo de Mark Ruffalo, quien empujó públicamente la demanda. Pero la misma fuente sostiene que la presión política cambió cuando David Ellison amenazó con irse de California con 50,000 empleos. Ahí quedó expuesto el patrón de siempre: mucho discurso, poca consecuencia útil.
También aparece otro dato incómodo para el relato progresista. Ruffalo lanzó comentarios sobre Larry Ellison y Gaza que fueron condenados por grupos judíos, y la fuente sostiene que desde Hollywood hubo presión para que Bonta cerrara el caso. Cuando el dinero y los puestos de trabajo entran en escena, la épica regulatoria suele durar poco.
Bonta se llevó publicidad, pero no poder real. Eso es lo que pasa cuando la casta política confunde activismo con ley. El mercado no se gobierna con gestos para la tribuna, y menos con una burocracia que pretende decidir desde Sacramento quién puede comprar qué.
Que no te lo cuenten. El episodio deja una lección básica: cuando el Estado entra a jugar de empresario moralista, suelen perder el orden, la inversión y el contribuyente. El relato se cayó solo.
