Ashley Merz llegó a recoger a su bulldog inglés Bruce el domingo. En lugar de reencontrarse con su perro, le informaron que había muerto ahogado. La imagen de su pareja, Chris, descubriendo la noticia frente al establecimiento quedó grabada en video por otro cliente del lugar.
Bruce llevaba aproximadamente seis meses asistiendo y entrenando en Camp Canine, una guardería canina de Santa Bárbara, California. Según la familia, el animal terminó en el patio de perros grandes, donde hay dos piscinas sin cercar, a pesar de que empleados del lugar habrían reconocido que Bruce no debía estar ahí.
Lo que agrava el dolor: la familia afirma que nadie los contactó antes de que llegaran a buscarlo. Encontraron el cuerpo de Bruce en una tina de plástico.
El miércoles, decenas de personas se congregaron frente a Camp Canine para honrar la memoria del perro y exigir responsabilidades. La convocatoria, difundida por Facebook, llamó a la comunidad a sumarse en defensa de «la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad de todos los perros». Por el calor y la afluencia esperada, se pidió a los asistentes que no llevaran a sus propias mascotas.
El Departamento de Policía de Santa Bárbara respondió al reporte del ahogamiento. Su Unidad de Investigación Criminal y el Equipo de Control Animal están investigando las circunstancias del incidente.
Camp Canine suspendió temporalmente sus operaciones de guardería mientras revisa sus instalaciones, procedimientos de seguridad y protocolos de respuesta ante emergencias. El gerente general del establecimiento publicó una disculpa en Instagram, reconociendo que la instalación «falló en nuestra responsabilidad de mantener a su perro seguro».
La familia lanzó un GoFundMe para cubrir los gastos de cremación y memorial.
El caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda que los dueños de mascotas raramente se hacen antes de contratar este tipo de servicios: ¿quién responde cuando algo sale mal? En un sector sin regulación federal uniforme y con supervisión estatal fragmentada, la «transparencia» que exigen los manifestantes no es un capricho emocional, sino una demanda de estándares mínimos de seguridad y de comunicación honesta con los clientes. Que un negocio reciba a un animal durante meses, lo coloque en un área que sus propios empleados saben que no le corresponde, y luego notifique a los dueños únicamente cuando ya llegaron a buscarlo, no es un accidente desafortunado: es una falla de gestión con consecuencias reales. El mercado tiene mecanismos para castigar eso. La presión pública es uno de ellos.
