California acaba de simplificar las reglas para reclasificar a los alumnos que aprenden inglés en la escuela. La Asamblea aprobó la ley AB 2555, que permitirá que quienes obtengan el nivel 4 más alto en el examen estatal ELPAC puedan salir del programa sin superar más obstáculos.
Antes, el proceso exigía cuatro criterios separados. Además del puntaje en el ELPAC, los estudiantes necesitaban una evaluación positiva del maestro, consulta con los padres y prueba de «habilidades básicas» mediante medidas elegidas por cada distrito. Eso abrió la puerta a una maraña de 24 evaluaciones distintas, según una encuesta de 2026 del Public Policy Institute of California.
Los críticos dijeron que ese esquema dejaba a estudiantes ya competentes encerrados en la etiqueta de English learners durante meses, o incluso años. Y los datos citados en el debate apuntan en esa dirección. Entre 2022 y 2024, unos 37.000 alumnos llegaron al nivel más alto del examen y aun así siguieron clasificados como English learners al año escolar siguiente, de acuerdo con investigación de la University of Oregon.
El Departamento de Educación de California encontró que los estudiantes tardaban en promedio 220 días en ser reclasificados. Uno de cada 10 esperó al menos 532 días. Casi tres veces el ciclo escolar de 180 días en California.
La magnitud del sistema también es enorme. Para el ciclo 2025-26, el estado reporta 925.907 estudiantes clasificados como current English learners. Y unos 200.000 permanecían en ese programa durante seis años o más.
La medida fue celebrada por Nancy Villarreal, directora ejecutiva de Parent Organization Network, quien dijo al Los Angeles Times: «Es una gran victoria». Maryana Khames, hoy estudiante de Derecho en UC Davis, contó a los legisladores que siguió en clases de inglés incluso cuando sus habilidades mejoraron, y que recién fue reclasificada en octavo grado.
El cambio también será retroactivo. Los alumnos que alcanzaron el puntaje requerido en la primavera de 2026 podrán ser reclasificados para el año escolar actual. Quienes salgan del programa seguirán siendo monitoreados durante cuatro años.
Aquí hay una lección incómoda para la burocracia escolar. Cuando el aparato estatal convierte una sola prueba en un laberinto de filtros, no protege a los niños. Los frena. Y en educación, frenar a un estudiante que ya puede avanzar es castigar su tiempo, su acceso a cursos más exigentes y su oportunidad de salir adelante.
Otra vez la doble vara: el sistema dice ayudar, pero muchas veces administra retraso. Esta vez, al menos, California movió el portón. Falta ver si el resto del país deja de confundir más trámites con más educación.
