California tiene una nueva ley. El gobernador Gavin Newsom firmó el mes pasado la AB 2018, que amplía el programa estatal de ADN para personas desaparecidas. El cambio es concreto: la base de datos, que antes solo servía para identificar fallecidos, ahora puede usarse también para identificar a personas vivas no identificadas.
El programa apoya a médicos forenses, examinadores y agencias de seguridad en todo el estado. Hasta ahora, su alcance estaba restringido a restos humanos. Con la nueva ley, los recursos forenses estatales pueden intervenir en un espectro más amplio de investigaciones.
Otro cambio relevante: las muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos ya no serán destruidas automáticamente una vez que se identifiquen los restos. El estado podrá conservarlas cuando los investigadores consideren que podrían recuperarse restos adicionales relacionados con el mismo caso.
El asambleísta James Ramos, autor de la legislación, subrayó la urgencia del cambio: «AB 2018 ayudará a todas las familias con seres queridos desaparecidos a recibir las respuestas que necesitan». Ramos destacó además la situación de las personas indígenas desaparecidas y asesinadas, colectivo que, según señaló, está sobrerrepresentado en los casos sin resolver del estado.
El fiscal general Rob Bonta respaldó la medida con una declaración: «Ninguna familia debería conocer la prolongada incertidumbre de esperar respuestas, y juntos dejamos claro que California actúa».
El caso que ilustra la urgencia de esta reforma es el de Michelle Collier, una adolescente identificada casi 50 años después de desaparecer y ser hallada enterrada en un viñedo en el condado de Kern.
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Que no te lo cuenten. Esta es una de esas raras ocasiones en que el aparato estatal hace algo que tiene sentido: ampliar una herramienta forense para que la ciencia trabaje a favor de las familias, no contra la burocracia. No hay gasto nuevo que justificar ni regulación que asfixie al sector privado. Es, simplemente, el Estado cumpliendo su función básica: orden, justicia, respuestas.
El principio en juego es elemental. Las familias que esperan décadas por saber qué ocurrió con un ser querido no necesitan retórica ni declaraciones de prensa. Necesitan que las herramientas disponibles se usen sin trabas administrativas innecesarias. Si algo merece aplaudirse sin reservas desde esta casa, es exactamente eso: menos restricciones burocráticas donde más daño hacen.
