California tiene una nueva ley. La firmó el gobernador Gavin Newsom a mediados de julio. Su objetivo: expandir el uso del programa estatal de ADN para personas desaparecidas.
Antes, la base de datos solo servía para identificar individuos fallecidos. Con la reforma, puede usarse para identificar a cualquier víctima no identificada, viva o muerta. El cambio parece técnico. Las consecuencias son enormes.
El programa asiste a «coroners, médicos forenses y agencias de orden público» en todo el estado, según la oficina del fiscal general Rob Bonta. Bonta declaró a Fox 40 que «ninguna familia debería soportar la incertidumbre prolongada de esperar respuestas».
El autor de la ley es el asambleísta James Ramos, demócrata por San Bernardino. Ramos explicó que la norma elimina ciertos requisitos previos para facilitar la recolección de muestras de ADN. También extiende el tiempo durante el cual esas muestras se conservan en el archivo. Antes, el material genético de familiares de desaparecidos se destruía una vez identificados los restos. Ahora se conserva si existe posibilidad de hallar otros restos familiares más adelante.
Ramos fue claro sobre el alcance real de la medida: alivia más la carga emocional de las familias que la carga operativa de las agencias locales. Eso importa. Casos como el de Rebecca Arellanosa, desaparecida desde 2001 y vista por última vez en el bloque 10700 de Lawler Street en Los Ángeles, ilustran cuánto tiempo puede acumularse sin respuesta.
En el norte del estado ya hay movimiento. La Calaveras Cold Case Task Force, organización sin fines de lucro formada en 2020, reúne a agentes locales y científicos para aplicar tecnología avanzada de análisis de ADN a casos fríos del condado.
Los hechos son los que son. Pero el ángulo merece atención. Una base de datos de ADN ampliada es una herramienta poderosa. Y toda herramienta poderosa en manos del Estado exige supervisión clara. California no tiene historial impecable en materia de privacidad ni de uso responsable de datos personales. La ley avanza en un objetivo legítimo: devolver certeza a familias destrozadas. Eso no se discute.
Lo que sí debe discutirse es quién controla esa información, por cuánto tiempo y con qué límites reales. El relato oficial celebra la eficiencia. La pregunta incómoda es otra: ¿quién audita el programa cuando las muestras ya no sirven para identificar desaparecidos sino para otra cosa? Que no te lo cuenten.
