Una madre californiana no se despierta preguntándose si un algoritmo eligió el cupón en su bandeja de entrada. Se despierta preguntándose por qué una visita rápida al supermercado ya cuesta cientos de dólares.
Eso escribe Shirin Yadegar, fundadora de LA Mom Magazine y comentarista política, en un artículo de opinión publicado en el New York Post. Y el blanco de su crítica es concreto: el Assembly Bill 2564, impulsado por el asambleísta Chris Ward.
Sus patrocinadores dicen que la ley protege al consumidor del llamado «surveillance pricing», la práctica de usar datos personales para personalizar precios. Suena razonable. El problema, según Yadegar, es lo que viene detrás: cada minorista —desde el mercado del barrio hasta la ferretería local— tendrá que destinar más recursos a abogados, revisiones de cumplimiento y gestión de riesgos. Y esos costos, advierte, terminan en el precio final que paga la familia trabajadora.
Hay más. La ley podría hacer imposible que las tiendas ofrezcan descuentos por fidelidad o cupones especializados, precisamente las herramientas que permiten a las familias de ingresos medios y bajos estirar el presupuesto mensual.
Lo que vuelve más difícil de digerir la propuesta es que California ya cuenta con algunas de las protecciones de privacidad del consumidor más robustas del país, a través de la California Consumer Privacy Act y la California Privacy Rights Act. Antes de construir otro andamiaje regulatorio, señala Yadegar, los legisladores deberían demostrar por qué las protecciones que los propios californianos ya aprobaron son insuficientes.
Pero Sacramento tiene un reflejo conocido: más gobierno, más mandatos, más burocracia, más regulación. La pregunta que cada vez más familias se hacen en voz alta es la misma: si más gobierno es la respuesta, ¿por qué la vida sigue siendo más cara?
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Aquí está la doble vara en todo su esplendor. El mismo aparato estatal que no ha podido hacer la vivienda accesible, que expulsa pequeños negocios con cargas fiscales y laborales, ahora se presenta como defensor del consumidor frente a un cupón de supermercado. El relato se cae solo.
El principio en juego no es técnico: es quién confía en quién. Una burocracia que desconfía del mercado para fijar precios termina encareciéndolos. Una familia que confía en la competencia y en su propio criterio —y en el cupón que llegó a su correo— no necesita que Sacramento le explique cómo hacer la compra. California no necesita otra ley que amplíe el alcance del gobierno mientras encarece hacer negocios. Necesita líderes que confíen más en las familias que en la burocracia.
