California pone freno a ciertas trampas en los concesionarios.
La ley SB 766, firmada por Newsom y conocida como la California CARS Act, entra en vigor el 1 de octubre. Obliga a los distribuidores a mostrar con claridad el precio de un vehículo en la publicidad, sin impuestos ni ciertos cargos. También exige revelar mejor las condiciones de financiamiento, si un auto está realmente en inventario y si los extras son necesarios.
Además, algunos compradores tendrán una ventana de 48 horas para devolver el vehículo y recibir un reembolso total si el auto cuesta $50,000 o menos. Eso sí, el concesionario podrá cobrar cargos de reposición, y el auto no podrá haber recorrido más de 400 millas adicionales.
Ben Allen, el senador estatal que impulsó la norma, dijo que durante años los compradores han sido «mistratados y engañados» para adquirir vehículos inseguros o con añadidos que no conocían, cargándolos con deuda innecesaria y poniendo en riesgo sus vidas en la carretera.
Pero el problema de fondo es otro. California ya enfrenta algunos de los precios de gasolina más dolorosos del país. La regular sin plomo promedia $6.39 por galón, apenas por debajo del récord estatal. Y en agosto, Newsom aprobó otra ley que eliminará llantas de reemplazo que no cumplan con nuevos estándares de eficiencia energética. La medida afectará a cerca del 70% de las llantas de reemplazo hoy en el mercado, según la nota.
Newsom defendió esas reglas con la idea de que unas llantas de menor resistencia mejorarán el kilometraje y, al final, harán ahorrar dinero. «El ROI es bastante bueno», dijo.
La letra chica cambia, pero la factura grande sigue intacta. El Estado corrige una práctica en el lote de ventas, mientras deja a los conductores atrapados en un ecosistema de costos cada vez más hostil. Que no te lo cuenten: de poco sirve una etiqueta más clara si la burocracia sigue encareciendo la propiedad del auto por todos los demás lados.
Otra vez la doble vara. Se celebra una protección al consumidor, pero se mantiene el mismo aparato regulatorio que exprime al contribuyente y castiga la libre movilidad. En California, el problema no es solo lo que el concesionario oculta. También es lo que Sacramento sigue imponiendo.
