California tiene una nueva ley. Se llama Senate Bill 54. Y promete algo que ya conocemos: que esta vez los que pagan son las empresas, no la gente.
El problema es el de siempre. Las empresas trasladan los costos. Y el que va al supermercado lo descubre en la caja.
La norma ya está en su primera fase de implementación. Las compañías recibirán sus primeras facturas tan pronto como el próximo mes, según reportó SFGATE. El mecanismo es directo: se cobra un impacto económico sobre los productos que usan envases que no pueden reciclarse, reutilizarse o compostarse.
La industria láctea dice que será de las más golpeadas. Sus envases no cumplen los requisitos actuales de la ley. Y advierte algo más serio: algunas empresas podrían cerrar o abandonar el estado.
CalRecycle, el organismo estatal a cargo, proyecta un impacto menor. Estima que los hogares pagarán entre 57 y 190 dólares más al año, según datos del Departamento de Finanzas de California. También afirma que el programa genera aproximadamente 2.5 veces más beneficios que costos.
El autor de la ley, el senador estatal Ben Allen, lo resumió así en un comunicado de junio: «Rather than forcing taxpayers and ratepayers to shoulder these costs, we are ensuring companies that profit from this mass pollution help pay for its cleanup».
Bonito argumento. El relato se sostiene hasta que los precios suben.
Una coalición de 17 estados liderados por republicanos ya presentó una demanda federal. Argumentan que los requisitos son excesivamente onerosos y piden que la ley sea anulada. Por otro lado, grupos ambientalistas también demandaron. Ellos dicen que la ley fue debilitada durante su implementación.
SB 54 aplica a casi todos los bienes de consumo empacados. Desde fresas hasta cosméticos.
Contrafuego lo dice sin rodeos: esto no es política ambiental. Es un impuesto disfrazado de virtud. El Estado de California decide qué envase es aceptable. Las empresas que no cumplan pagan. Las que pagan trasladan el costo. Y el ciudadano que ya enfrenta una de las cargas fiscales más altas del país termina pagando más por su leche, su yogur y sus fresas.
La burocracia siempre encuentra la forma. No importa si el argumento es el clima, el reciclaje o la equidad. Al final del día, alguien paga. Y ese alguien no es el senador Ben Allen.
