El aparato burocrático de California tiene un nuevo negocio favorito: mirar hacia otro lado mientras una empresa privada autorizada le cobra de más a sus propios ciudadanos.
NeedTags.com es un tercero autorizado para vender servicios del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California. El problema es que cobra aproximadamente 90 dólares más de lo que el conductor pagaría yendo directamente al sitio estatal. En algunos casos, según Robert Herrell de la Consumer Federation of California, la diferencia llega a «cientos de dólares».
La trampa es sencilla: la empresa aparece en Google como resultado patrocinado y en el propio sitio del DMV como «DMV partner». Esa etiqueta, denuncia Herrell, «crea la falsa impresión de que estás pagando lo mismo que si estuvieras en el sitio del DMV. Eso no es verdad».
El dato que lo dice todo: Google ya colocó una advertencia bajo los anuncios que reza «Not a government website». Es decir, una empresa privada hizo más por los consumidores californianos que el propio gobierno del estado.
Las víctimas son reales. Allen Jensen lloró en una entrevista con ABC 7: «No soy un criminal. No se trata del dinero. ¿Por qué mi estado hace esto?». Allyn Peterson de San José intentó disputar el cargo y perdió. Una mujer de 84 años de Santa Cruz le escribió a la empresa suplicando la devolución; nunca recibió respuesta.
Cuando los clientes intentaron disputar los cobros con sus tarjetas de crédito, NeedTags respondió con amenazas de acciones legales.
El sitio sí incluye letra pequeña aclarando que no es una agencia gubernamental y que cobra tarifas adicionales por servicios que el estado ofrece gratis. Pero esa aclaración aparece enterrada en un diseño que imita la apariencia oficial. Google Ads muestra que Continental Green Inc. paga los anuncios y tiene 73 versiones distintas del mismo.
La Asamblea de California intentó limitar las tarifas con un proyecto de ley el año pasado. Aún no ha pasado. El DMV, por su parte, se limitó a «recomendar» a los consumidores usar dmv.ca.gov y a «esperar» que sus socios sean transparentes.
Eso es todo. Una recomendación y una esperanza.
Aquí está el principio en juego: cuando el Estado sanciona oficialmente a un intermediario que extrae dinero extra de ciudadanos que creen estar cumpliendo con una obligación legal, no estamos ante un fallo del mercado. Estamos ante un fallo del gobierno. La burocracia californiana cobró su cuota política al autorizar el esquema; el ciudadano paga la factura real.
Que no te lo cuenten: el mismo estado que predica protección al consumidor dejó que una empresa amenazara con demandas a una anciana de 84 años por pedir que le devolvieran su dinero. El relato se cayó solo.
