No es un titular de sátira. Es lo que ocurrió en el Senado de California.
La senadora republicana Suzette Valladares, de Santa Clarita, presentó una enmienda al proyecto AB 2691 para añadir agresión sexual y tráfico humano a la lista de condenas que inhabilitan a una persona para ejercer cargos públicos en el estado. Los demócratas del Senado la rechazaron en votación de línea partidaria.
«Ahora mismo en California, alguien condenado por abusar sexualmente de un niño puede sentarse en la junta escolar de tu comunidad. Eso no es un vacío legal. Es una decisión», dijo Valladares desde el pleno del Senado, según su oficina.
El proyecto AB 2691 nació, en teoría, como una prohibición amplia: los condenados por delitos sexuales no podrían ocupar cargos públicos. Punto. Pero enmiendas incorporadas durante el verano lo vaciaron: la inhabilitación quedó reducida únicamente a los ofensores de nivel Tier 3, aquellos obligados a registro de por vida. Los condenados clasificados en Tier 1 o Tier 2 —que deben permanecer en el registro al menos 10 o 20 años antes de poder solicitar su remoción judicial— quedan expresamente fuera de la prohibición.
Meses atrás, en una audiencia de comité, el senador republicano Steven Choi ya había preguntado a la asambleísta demócrata Dawn Addis, autora del proyecto, por qué ciertas condenas por delitos sexuales contra menores no generaban inhabilitación bajo el texto enmendado. Según la fuente, Addis no respondió a los delitos específicos que Choi identificó; en cambio, describió AB 2691 como una propuesta «primera en la nación» que protegería a sobrevivientes y dijo estar abierta a trabajar con otros legisladores en delitos adicionales.
Valladares fue directa: «Los depredadores que abusan sexualmente de niños no tienen lugar en ningún cargo público. Ninguno. Ni en el Capitolio, ni en el concejo municipal, y definitivamente no en nuestras juntas escolares».
El relato se cayó solo.
California lleva años vendiéndose como el estado más progresista y «protector» del país. Pero cuando llegó el momento de cerrar con texto legal la puerta a que un condenado por abuso sexual infantil dirija una escuela pública, la bancada demócrata dijo que no. No por error. Por voto deliberado, en línea partidaria.
Esto no es un debate técnico sobre niveles de registro. Es una pregunta de sentido común: ¿debe el aparato estatal confiar la supervisión de niños a alguien condenado por agredirlos? La respuesta que dio Sacramento el martes es la que los padres de familia merecen conocer. Que no te lo cuenten.
