Grocery Outlet, cadena de supermercados con sede en Emeryville, California, anuncia el uso de software de reconocimiento facial llamado SAFR. El objetivo declarado: identificar ladrones reincidentes. El efecto real: escanear la cara de cada cliente que cruce la puerta.
Una tienda en Pleasant Hill, Condado de Contra Costa, será la primera en activar el sistema. Los clientes serán notificados de que la tecnología está operando. Eso es todo el consentimiento que recibirán.
El contexto importa. California registra uno de los peores índices de robo en tiendas de todo el país. El robo minorista se disparó un 50% desde la pandemia, según los datos citados por la cadena. Los gerentes lo viven en carne propia. June Guerrero, exgerente de tienda, lo dijo sin rodeos a CBS News: «El robo era simplemente increíble. Estoy de acuerdo con la medida».
Pero no todos comparten ese alivio. Barbara Jackson fue directa: «Entiendo la situación, pero que invadan mi privacidad con mi foto no lo acepto. Tienen que encontrar una mejor manera». Steve Burdette advirtió que la tecnología «podría generar muchos problemas para empresas y personas».
Los expertos agregan otra capa. Mario Trujillo, abogado de la Electronic Frontier Foundation, fue contundente: «Esto es una red de arrastre que escanea a todos. Aunque no hayas hecho nada malo, tu cara está siendo escaneada». El Dr. Ahmed Banafa, profesor de ingeniería en San José State, advirtió sobre el riesgo de perfiles raciales. «La IA es famosa por ir tras ciertas razas», dijo. Exigió que un humano tome la decisión final, no el sistema.
Charisse Jacques, presidenta de SAFR, respondió con garantías: la empresa no está conectada a fuerzas del orden, no construye una base de datos pública, solo almacena información de sospechosos de robo y por tiempo limitado. Jacques añadió que SAFR nunca ha compartido datos con el gobierno ni con ICE, y que nunca se lo han pedido.
El relato oficial tiene sus matices. El problema es real. Las tiendas sangran pérdidas. Pero California lo provocó sola: años de políticas laxas frente al crimen organizado de retail crearon el vacío que ahora los comercios intentan tapar con tecnología de vigilancia masiva.
Aquí está la trampa. El Estado no protegió la propiedad privada. Los comercios asumen el costo. Y quien termina bajo el escáner es el ciudadano que nunca robó nada. Eso no es solución: es transferir la carga del fracaso gubernamental al consumidor inocente. Cuando el gobierno cede el orden público, alguien más llena ese espacio. Y no siempre con las garantías que merece la libertad individual.
