California arrastra una bomba fiscal que no deja de crecer. Más de 63.000 jubilados cobran pensiones de seis cifras, según The California Post, una cifra que supera en más del doble la de 2018 y en más de 30 veces la de 2005.
Además, hay decenas de exempleados estatales que reciben más de 300.000 dólares al año, y tres que cobran pensiones superiores a 400.000 dólares.
La comparación es brutal: Gavin Newsom gana 245.929 dólares y ni siquiera está retirado, aunque pase gran parte de su tiempo fuera del estado. A la vez, el propio texto señala que esto representa «a massive burden on the state — and especially on local governments».
No es un problema nuevo. Jerry Brown impulsó en 2012 reformas para salvar el sistema de sus promesas excesivas a los empleados estatales. Su Public Employees Pension Reform Act fue presentada como una de las piezas centrales de su gobierno y como modelo nacional.
Pero los sindicatos del sector público han intentado revertir esas reformas. Su último esfuerzo legislativo fue AB 1383, que buscaba reducir la edad de retiro de 57 a 55 años, entre otros cambios. La iniciativa pasó por la legislatura estatal con un margen abrumador, con incluso algunos republicanos votando a favor.
El contraste con el sector privado también deja al descubierto la doble vara. Allí, la mayoría ahorra para el retiro mediante contribuciones definidas, no beneficios definidos. Se sabe cuánto se aporta, pero no cuánto se cobrará después. En palabras simples: el mercado pone límites donde la burocracia promete de más.
California, en cambio, mantiene pensiones de beneficio definido y lo hace en medio de déficits estructurales que, como reconoce el texto, se ven «as far as the eye can see». Ese es el punto central: cada concesión política al aparato estatal termina pagándose con dinero de los contribuyentes actuales y con menos margen para atender necesidades presentes.
Que no te lo cuenten. La verdadera discusión no es si los jubilados merecen seguridad; es quién financia una promesa que el Estado hizo sin disciplina y que ahora amenaza a los gobiernos locales. Cuando la casta sindical captura el sistema, la cuenta no desaparece: se traslada a la gente que trabaja, paga impuestos y recibe servicios cada vez peores.
Otra vez la doble vara. En el sector privado, el riesgo lo absorben las personas y el mercado. En el sector público, la factura la deja la burocracia sobre la mesa y la paga el contribuyente.
