En enero de 2023, Dharmesh Patel, radiólogo de 45 años, condujo su Tesla por el acantilado conocido como Devil's Slide, en Pacifica, California, a unos 14 kilómetros al sur de San Francisco. Dentro del vehículo iban su esposa de 41 años, su hija de 7 y su hijo de 4. El auto cayó unos 250 pies hasta estrellarse contra una formación rocosa, volcó varias veces y quedó sobre sus ruedas. Los cuatro sobrevivieron. Los primeros respondedores lo describieron como un «milagro absoluto».
Los bomberos tuvieron que cortar el vehículo para sacar a la familia. Tras el rescate, la esposa de Patel, Bubna, declaró a los investigadores que creía que su marido «lo hizo a propósito» y que necesitaba una «evaluación psiquiátrica». Según el medio local KTVU, ella afirmó que él mismo había dicho que iba a lanzarse por el precipicio y que sufría de depresión.
Patel fue arrestado y acusado de intento de homicidio. Declaró inocente, entregó su licencia médica en California y permaneció en prisión preventiva sin fianza hasta 2024. Ante un psiquiatra, según reportó Associated Press, dijo que creía que sus hijos serían secuestrados y víctimas de tráfico.
En 2024, un juez lo declaró elegible para un programa ambulatorio de salud mental en lugar de enfrentar juicio, amparado en una ley de California que entró en vigor en 2023. Patel se mudó con sus padres en el condado de San Mateo y fue monitoreado con una pulsera GPS.
Este lunes, un juez del condado de San Mateo desestimó todos los cargos tras determinar que Patel completó satisfactoriamente el programa de salud mental ordenado por la corte. El fiscal del distrito Steve Wagstaffe fue directo: «El juez estaba obligado por la ley a desestimar los cargos». Los fiscales del condado se habían opuesto activamente a la derivación, señalando que el exmédico «tuvo el golpe de suerte de su vida». La propia esposa de Patel declaró posteriormente que lo había perdonado y que no deseaba su procesamiento.
Wagstaffe anunció que trabaja con legisladores para impedir que acusados de intento de homicidio puedan acceder a programas de desvío por salud mental. «Lo intentaremos de nuevo en el futuro. No nos rendimos», declaró.
Aquí el principio en juego no es la compasión —nadie niega que la salud mental importa—, sino a quién protege el aparato legal cuando se diseña desde el escritorio de un legislador progresista. Una ley pensada para aliviar la presión carcelaria terminó borrando del expediente el intento de matar a tres personas, incluyendo dos niños. La fiscalía no tuvo margen: la burocracia legislativa le ató las manos. Que la víctima haya perdonado a su agresor es un acto íntimo digno de respeto; que el Estado use ese perdón como coartada para cerrar el caso es otra cosa. Cuando la ley protege mejor al acusado que a los niños que cayeron por ese precipicio, algo en el diseño institucional está profundamente roto.
