La disputa por la Proposición 39 en California ya no gira solo en torno al voto con identificación. Ahora también expone el tono abiertamente ideológico que acompaña a la batalla electoral.
La medida, impulsada por Californians for Voter ID, reunió 1.3 millones de firmas en marzo. La cifra superó con holgura las casi 875,000 requeridas para llegar a la boleta. Californians votará sobre la iniciativa en noviembre.
Si se aprueba, la propuesta exigiría una identificación emitida por el gobierno o un número para votar en persona o por correo. También obligaría a los funcionarios electorales a verificar la ciudadanía estadounidense.
Pero la guía para votantes de California, en el apartado de opositores, metió pólvora política en una explicación que debía informar. El texto dice: «No on Prop. 39». Luego afirma que la medida «avanzaría la agenda de supresión del voto de Trump» al añadir barreras «costosas e innecesarias». También sostiene que podría bloquear a votantes elegibles, exponer información personal al robo de identidad y desperdiciar «cientos de millones de dólares en dinero de los contribuyentes».
El cierre es todavía más frontal: «No dejes que los multimillonarios MAGA decidan qué votantes cuentan. Vota No».
Entre los opositores figuran ACLU California Action, Common Cause y League of Women Voters of California.
La guía también incluye una sección sobre el costo esperado si la medida entra en vigor, pero el texto compartido se corta justo después de la palabra «Cost».
Aquí hay una doble vara evidente. Para unos, la burocracia electoral se presenta como neutral. Para otros, se permite un lenguaje de campaña cargado de desprecio político. Eso no es información limpia. Es activismo disfrazado de guía cívica.
Y el punto de fondo importa. Si la propuesta termina aprobada, el debate ya no será solo sobre identificación. Será sobre quién controla las reglas, quién paga la cuenta y por qué una guía del votante termina sonando como un volante de activismo. Que no te lo cuenten.
