Un tribunal de Sacramento le dio luz verde al fiscal general de California, Rob Bonta, para modificar la descripción oficial de la Proposición 39, la iniciativa de identificación del votante que se someterá a las urnas en el estado.
El texto original, redactado por la propia oficina de Bonta, describía la medida como una iniciativa que «establece requisitos adicionales de identificación del votante y verificación de ciudadanía». Eso era lo que decía. Luego, en el último momento, el fiscal cambió la descripción a: «Prohíbe a los ciudadanos votar a menos que presenten una identificación emitida por el gobierno».
No es una descripción. Es un argumento de campaña en contra de la iniciativa, redactado por el funcionario que debería ser árbitro, no jugador.
No es la primera vez. En 2018, el entonces fiscal Xavier Becerra —hoy candidato a gobernador— hizo exactamente lo mismo con la Proposición 6, que habría derogado un impuesto a la gasolina. Becerra reescribió el título para que leyera: «Elimina cierto financiamiento para reparación de carreteras y transporte». La iniciativa perdió. Los californianos siguen pagando ese impuesto.
El patrón es idéntico: convertir un enunciado positivo en una amenaza, y esperar que suficientes votantes caigan. En 2018 funcionó. Por eso el aparato lo repite.
El argumento demócrata de que el fraude electoral es inexistente choca de frente con el pánico que les genera el ID. Si el fraude es tan raro, nadie sería «prohibido de votar», como sugiere el nuevo título. Si en cambio el fraude es más frecuente de lo que admiten, entonces sí: quienes no puedan acreditar ciudadanía no podrían emitir un voto. Eso es exactamente lo que la iniciativa busca.
Irónicamente, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani exigirá identificación para comprar en sus supermercados subsidiados por el gobierno. Pedir ID para votar es «racista»; pedirla para comprar comida con dinero del contribuyente, aparentemente no.
Los tribunales no van a corregir esto. No lo hicieron en 2018 y no hay señales de que lo hagan ahora.
La lectura de Contrafuego. Lo que ocurre en California no es un accidente burocrático: es el uso deliberado del aparato estatal para inclinar una votación antes de que comience. El fiscal no es un árbitro; es un operador político con sello oficial. Cuando la burocracia controla el lenguaje con el que los ciudadanos leen las boletas, el fraude no necesita ocurrir el día de la elección. Ya ocurrió antes. La pregunta que queda en pie es simple: si la izquierda institucional no tuviera nada que ganar con votos de no ciudadanos, ¿por qué lucharía tan ferozmente contra pedirle a alguien que demuestre quién es?
