California tiene más de 16,000 cámaras de lectura automática de placas vehiculares. Es el estado con mayor concentración de estos dispositivos en todo el país. La empresa detrás de la mayoría se llama Flock Safety. Tiene instalados más de 120,000 lectores en todo Estados Unidos.
Ahora hay un proyecto de ley que quiere ponerles límites duros.
El Senate Bill 1013, impulsado por la senadora Sabrina Cervantes, exigiría a las agencias públicas capacitar a sus oficiales, mantener registros de búsquedas, someterse a auditorías anuales del Departamento de Justicia de California y —aquí el punto caliente— borrar los datos de placas a los 30 días, salvo que estén vinculados a una investigación activa.
El proyecto ya pasó el Senado estatal. Ahora está en la Asamblea. Para convertirse en ley, necesita pasar ambas cámaras y la firma del gobernador Gavin Newsom.
El problema: Newsom ya vetó una versión similar el año pasado. Esa propuesta pedía eliminar los datos en 60 días. El gobernador argumentó que la restricción podría perjudicar investigaciones en curso. Ahora la nueva versión es más estricta, no menos.
La oposición dentro de la legislatura es clara. El senador republicano Kelly Seyarto, cuyo distrito incluye parte del condado de San Diego, advirtió que 30 días «no es un plazo muy largo en el esquema general de las cosas». Según él, el límite de retención de datos puede representar un riesgo real para la seguridad pública.
La policía de San Diego opera unas 500 cámaras Flock en toda la ciudad. El teniente Kristopher McAndrew fue directo: «Esto nos ayuda todos los días. Nos ayuda a recuperar vehículos robados, nos ayuda a detener personas». El departamento ya aplica su propio límite de 30 días, pero espera ver qué pasa con el SB 1013 antes de ajustar sus protocolos.
Los defensores de la privacidad, como Seth Hall de la coalición Trust SD, sostienen que las cámaras recopilan información de forma continua sobre vehículos, lo que plantea preguntas legítimas sobre el alcance de la vigilancia estatal.
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Aquí el dilema es real. Nadie debería ignorar las preguntas sobre vigilancia masiva. El Estado no tiene derecho a construir un archivo permanente de los movimientos de cada ciudadano.
Pero borrar evidencia potencial cada 30 días, en un estado donde el crimen organizado opera con impunidad creciente, no es proteger la privacidad. Es proteger a los delincuentes. La burocracia californiana lleva años recortando herramientas a sus policías mientras los índices de delitos contra la propiedad se mantienen elevados. Este proyecto sigue la misma lógica. Que no te lo cuenten.
