En 2012, el gobernador demócrata Jerry Brown firmó la Ley de Reforma de Pensiones de Empleados Públicos, conocida como PEPRA. Fue la única reforma real en una generación. Subió la edad de retiro. Redujo abusos como el «pension spiking». Obligó a los nuevos empleados a pagar una porción mayor de su propia pensión. El objetivo: ahorrar decenas de miles de millones al contribuyente.
Ahora los sindicatos del sector público quieren deshacer todo eso.
La Asamblea de California aprobó en enero el Proyecto de Ley AB 1383, impulsado por la asambleísta Tina McKinnor de Los Ángeles. El resultado fue contundente: 70 votos a favor, 2 en contra. La propuesta bajaría la edad de retiro para personal de seguridad pública de 57 a 55 años. También elevaría los límites de salario pensionable usados para calcular los pagos de jubilación. El proyecto está ahora ante el Senado estatal.
El cuadro fiscal de California no admite experimentos. El estado puede pasar de un superávit multimillonario a un déficit multimillonario en apenas 12 a 24 meses. Depende de los ingresos fiscales de un puñado de contribuyentes de altos ingresos. Esa volatilidad es estructural. Y los pagos obligatorios al sistema CalPERS ya contribuyeron a las quiebras municipales de Stockton y San Bernardino.
CalPERS tuvo un año de altos rendimientos gracias al mercado bursátil. Aun así, los gobiernos estatales y locales deben destinar miles de millones cada año a cubrir esas obligaciones de largo plazo. Eso deja menos dinero para infraestructura y servicios actuales. En un estado donde los proyectos públicos ya son encarecidos por regulaciones restrictivas, el problema se multiplica.
Bajo el marco vigente, un empleado de seguridad pública con años de servicio puede jubilarse a los 50 años y recibir una pensión garantizada, ajustada por inflación, equivalente a casi el 100% de su salario más alto. Eso, incluso después de las reformas de Brown.
Los mismos sindicatos que impulsan AB 1383 también promueven un impuesto del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios. California ya tiene la tasa de impuesto sobre la renta más alta del país. El problema no es que recaude poco. El problema es que gasta demasiado.
Gavin Newsom, probable candidato presidencial, tendrá que decidir si firma o veta la ley. Si la firma, destruye su credibilidad fiscal de cara a una campaña nacional. Si la veta, enfrenta a los sindicatos que lo sostienen en Sacramento.
Aquí está el principio en juego: cuando la burocracia sindical controla la legislatura, el dinero del contribuyente no financia servicios presentes. Financia jubilaciones del pasado. California lo demuestra con datos, quiebras municipales incluidas. AB 1383 no es una conquista laboral. Es una factura que alguien más va a pagar. Que no te lo cuenten.
