La Proposición 39 es sencilla: los funcionarios electorales deben verificar la identidad de quien vota, incluyendo si los votantes registrados son ciudadanos estadounidenses. Nada más. Nada menos. Y sin embargo, la maquinaria del Estado de California lleva meses intentando enterrarla.
El fiscal general Rob Bonta lo dejó claro desde el principio. Su oficina primero describió la iniciativa en términos neutros: «Establece requisitos adicionales de identificación de votantes y verificación de ciudadanía». Luego Bonta reescribió esa descripción para convertirla en algo enteramente negativo: «Prohíbe a los ciudadanos votar a menos que presenten identificación emitida por el gobierno». Los promotores de la Prop. 39 impugnaron el cambio en los tribunales. Un juez de Sacramento lo dejó en pie.
Eso es la doble vara en acción: el mismo aparato estatal que dice defender el acceso al voto manipula el lenguaje oficial para asustar a los electores.
Los hechos, sin embargo, no acompañan el relato del «voter suppression». Según una encuesta de Gallup de 2024, el 84% de los estadounidenses apoya exigir identificación con foto para votar, y el 83% apoya que quienes se registran por primera vez demuestren su ciudadanía. Un experimento de campo aleatorizado del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, realizado en colaboración con la Liga de Mujeres Votantes, encontró que las notificaciones sobre identificación de votantes no redujeron la participación y podrían haber aumentado la participación entre votantes minoritarios y de baja propensión. Investigación respaldada por la Carnegie Corporation of New York concluyó que las leyes de identificación de votantes «en conjunto no tienen un efecto significativo en la participación».
La Prop. 39 no es radical. Requisitos similares ya existen en 19 estados que cubren casi la mitad de la población estadounidense. Para votar en persona, se presentaría identificación emitida por el gobierno. Para el voto por correo, bastaría con los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental a elección del votante. Y para quienes no tengan identificación, el estado proporcionaría una tarjeta de votante sin costo.
Además, la iniciativa obligaría a los funcionarios electorales a reportar, condado por condado, qué porcentaje de votantes registrados ha sido efectivamente verificado como ciudadano. Transparencia básica que, al parecer, aterra a Sacramento.
En 2024, los votantes de Huntington Beach aprobaron la Medida A, que autorizaba requisitos de identificación en elecciones municipales. La respuesta del Estado fue aprobar legislación que prohíbe a los gobiernos locales imponer sus propios requisitos de identificación. La burocracia no tolera que las comunidades se gobiernen a sí mismas.
Contrafuego lo dice sin rodeos: cuando el 84% de los ciudadanos apoya una medida y el gobierno estatal la combate con cada herramienta a su disposición —desde la redacción del fiscal hasta la legislación punitiva contra municipios—, el problema no es la propuesta. El problema es quién manda. Este noviembre, California tiene la oportunidad de recordárselo a su clase política.
