California tiene un problema. Se llama Proposición 39.
La iniciativa busca establecer requisitos adicionales de identificación de votantes y verificación de ciudadanía. Más de 1,3 millones de firmas la pusieron en la boleta de noviembre. Eso es voluntad popular, con nombre y número.
Pero el fiscal general Rob Bonta tenía otros planes.
Su oficina reescribió el título oficial de la medida. La versión original decía que la propuesta «establece requisitos adicionales de identificación de votantes y verificación de ciudadanía». Bonta la cambió por esto: «Prohíbe a los ciudadanos votar a menos que presenten identificación emitida por el gobierno».
Dos frases. Un abismo de diferencia.
El asambleísta Carl DeMaio (R-San Diego), impulsor de la campaña Sí al 39, demandó al fiscal. Argumentó que el nuevo lenguaje viola la ley de California. Esa ley obliga al fiscal general a ofrecer «una declaración verdadera e imparcial del propósito de la medida». DeMaio sostuvo que la redacción de Bonta es inexacta y diseñada para asustar votantes.
El juez del Tribunal Superior de Sacramento no estuvo de acuerdo. Rechazó la demanda. Encontró la descripción precisa y las acciones de Bonta legales.
Bonta celebró. «Mi oficina cumplió la ley», dijo en un comunicado. «Proporcionamos a los votantes de California información clara, accesible y precisa».
DeMaio no lo ve así. «Los políticos de California saben que una supermayoría de votantes apoya la solución bipartidista de la Prop. 39», declaró. «Ahora están intentando corruptamente amañar la elección poniendo un título sesgado y deshonesto en esta medida de sentido común».
Los números cuentan parte de la historia. Una encuesta de UC Berkeley de abril encontró que el 56% de los votantes respaldaba inicialmente la medida. Después de escuchar argumentos a favor y en contra, el apoyo cayó al 39% y la oposición subió al 52%.
El lenguaje importa. Siempre importa.
Los promotores del Sí al 39 señalan además que la descripción de Bonta omite una parte central de la iniciativa: la medida también impone nuevas responsabilidades a funcionarios estatales y del condado para mantener padrones electorales precisos y verificar ciudadanía.
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Esto es lo que pasa cuando el aparato estatal controla el relato antes de que el votante abra la boleta. No hace falta falsificar votos. Basta con elegir las palabras. El fiscal general de California redactó un título que convierte una medida de verificación en una imagen de supresión. Un juez lo bendijo. Y el contribuyente californiano llega a las urnas con información que, según sus propios impulsores, está diseñada para confundirlo.
La doble vara es perfecta. La misma izquierda que exige «acceso» a las urnas usa el acceso al lenguaje oficial para inclinar la cancha. Que no te lo cuenten.
