El senador Miguel Ángel Calisto (Independiente) acumula victorias procesales. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en que revisaría la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional Hernán Libedinsky. La audiencia estaba programada para el viernes 10 de julio.
El fundamento es técnico pero relevante. El juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la investigación por 60 días el 7 de julio. Eso anuló el cierre de la causa. La Corte estimó que la solicitud de desafuero perdió vigencia: había sido presentada dando por cerrada la investigación. Sin cierre, sin desafuero.
Dos ministros votaron a favor de cancelar la audiencia: Moisés Montiel y Gladys Avendaño. El ministro Juan Rondini votó en contra. Su postura: que la causa siga abierta no prohíbe revisar el fuero de un parlamentario.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado insistieron en mantener la audiencia. Fueron desestimados.
Calisto enfrenta una acusación por fraude al Fisco reiterado. Arriesga, según la fuente, una condena de 12 años de cárcel. Tras la resolución, el senador anunció que retoma sus labores en el Congreso. «Estamos satisfechos», declaró. Su defensa está encabezada por los abogados Jorge Bofill y César Ramos.
El senador mantiene activo un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Allí alega que una norma del Código Procesal Penal afecta su derecho a defensa. Pedía también suspender el desafuero. Ese punto ya no es necesario tras la resolución de Puerto Montt. Sí solicita la suspensión de toda la causa en Coyhaique.
Tras la decisión, Calisto se desistió del recurso de amparo que tenía presentado en esa misma Corte.
Que no te lo cuenten. Lo que ocurre aquí no es una absolución ni un cierre de caso. Es un senador con fuero constitucional usando cada herramienta procesal disponible para ralentizar una imputación por presunto fraude al erario público. El contribuyente chileno financia ese erario. También financia el sueldo del senador.
El relato de que el fuero parlamentario protege el ejercicio libre del mandato tiene sentido en teoría. En la práctica, se convierte en un laberinto de recursos, plazos y cortes que posterga la rendición de cuentas. Cada victoria procesal de Calisto es un día más sin que un tribunal decida sobre el fondo. Eso no es justicia expedita. Es el sistema funcionando exactamente como la casta prefiere.
