La expansión de los suicidios asistidos en Canadá ya no es un caso marginal. Según el texto, entre 2016 y 2024 el número creció más de 16 veces y pasó a ser una de las principales causas de muerte. También señala que, a nivel nacional, uno de cada 20 canadienses muere por suicidio asistido; en algunas regiones, la proporción se acerca a uno de cada 10.
La conexión que plantea es directa: el sistema de medicina socializada, también llamado Medicare, habría creado el terreno para que esa práctica se normalice. Fraser Institute, citado en la pieza, documentó que más de un millón de canadienses siguen esperando atención en un país con una décima parte de la población de Estados Unidos. Los tiempos de espera para cirugía y otros tratamientos especializados promedian más de seis meses. En la Isla del Príncipe Eduardo, Fraser halló esperas de 52 semanas, o un año completo, para una resonancia magnética.
El punto más inquietante no es solo la demora. El texto sostiene que, en ese contexto, el suicidio asistido se vuelve una «alternativa» para personas que no consiguen atención médica real. También afirma que hay casos en los que pacientes no logran que Medicare pague una cirugía, pero sí reciben todo listo si piden suicidio asistido. El mecanismo es brutal. Cuando la burocracia controla el acceso al tratamiento, la desesperación deja de ser accidente y empieza a parecer política pública.
La advertencia cruza la frontera hacia Estados Unidos. La pieza dice que ni la versión de la Cámara ni la del Senado de la legislación de pagador único incluyen lenguaje que prohíba que un plan nacional cubra el suicidio asistido. Además, ambas obligan al Departamento de Salud y Servicios Humanos a reevaluar cada año el paquete de beneficios, tomando en cuenta cambios en la práctica médica o nueva información de investigación. El texto añade que ya son 13 los estados y el Distrito de Columbia donde se permite el suicidio asistido, frente a ocho estados en 2019.
En el fondo, el caso canadiense no habla solo de salud. Habla de poder estatal, de incentivos perversos y de cómo una burocracia puede reducir al individuo a una partida contable. Cuando el sistema público empieza a medir a la persona en dólares y centavos, el resultado no es compasión. Es deshumanización.
Por eso la advertencia para Estados Unidos es clara. El relato de la medicina socializada promete acceso y dignidad, pero en la práctica puede terminar premiando la renuncia antes que el tratamiento. Que no te lo cuenten: cuando el Estado administra la vida como costo, la línea entre cuidar y empujar al abismo se vuelve peligrosamente delgada.
