El relato se cayó solo. Y con él, la ironia más perfecta de este verano.
Kaitlyn E. Tracey, ciudadana canadiense de 33 años, se acercó el 3 de julio al paseo marítimo de Point Pleasant Beach, Nueva Jersey, a un grupo de adolescentes que llevaban pantalones deportivos de colores patrióticos con las palabras «Trump» e «ICE». Según la policía, Tracey las estaba grabando con su teléfono cuando procedió a golpear a una de las menores: una vez en el cuerpo y otra en la cara, con la palma abierta. Después huyó del lugar.
Las cámaras de vigilancia captaron el presunto ataque. La investigación policial derivó en una orden de arresto, y el lunes fue detenida. Los cargos que enfrenta son: poner en peligro el bienestar de un menor, agresión simple, acoso y obstrucción, según registros judiciales consultados por The New York Post.
Tracey entró a Estados Unidos con pasaporte canadiense en 2024 y residía con su marido, Matthew Geroni, de 42 años, en Asbury Park. El martes, Geroni publicó un video en TikTok revelando que su esposa había sido detenida por ICE y trasladada a Delaney Hall, el centro de detención de inmigrantes en Newark. «Ayer, 13 de julio, mi esposa fue detenida por ICE y llevada a Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey», dijo según recoge el New York Post. El localizador de detenidos de ICE confirma que Tracey se encuentra bajo custodia en esa instalación.
El detalle que convierte el caso en algo más que una nota de sucesos: Geroni no era un desconocido de Delaney Hall. Según el New York Post, en junio había publicado otro video en TikTok imitando «ambos lados» del conflicto frente al centro, retratando a los manifestantes anti-ICE como pacíficos y a la policía estatal como matones violentos. Geroni también creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos legales de su esposa, que fue retirada poco después.
El abogado de Tracey, Francis Hodgsen, declinó hacer comentarios cuando Fox News Digital se puso en contacto con él.
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Que no te lo cuenten. Una ciudadana extranjera, en situación migratoria no resuelta, decide tomarse la justicia por su mano contra una menor cuyo único delito fue llevar ropa con un mensaje político. Eso no es activismo: es agresión a una niña. El aparato estatal que sus defensores llevan meses intentando desmantelar fue el mismo que actuó para proteger a esa adolescente y aplicar la ley.
Este caso ilustra algo que la burocracia progresista prefiere ignorar: las normas de convivencia y el estado de derecho no son instrumentos de opresión, son la única garantía de que nadie —ni un menor en un paseo marítimo— quede a merced de quien tenga más fuerza o más rabia ideológica. La doble vara tiene un precio. Y esta vez se pagó en Delaney Hall.
