El Ministerio de Justicia confirmó que Antonio Guerra de la Espriella volverá a La Picota, en Bogotá, después de un traslado de tres semanas a Sucre.
La controversia estalló cuando el senador Iván Cepeda denunció que el exsenador sería llevado de La Picota a una guarnición militar en Sincelejo. Según Cepeda, eso implicaría un beneficio frente a las condiciones de una cárcel común.
El Ministerio aclaró luego que Guerra de la Espriella no se encuentra actualmente recluido en una guarnición militar ni en una estación de policía. El exsenador fue condenado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La versión del traslado, sin embargo, no salió de la nada. Caracol Radio publicó una resolución del Inpec del 10 de septiembre en la que se ordenaba trasladarlo a una guarnición militar de Sucre, adscrita administrativamente a la cárcel de mediana seguridad de Sincelejo. Hasta ese momento, permanecía en La Picota.
Guerra de la Espriella fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el caso de corrupción de Odebrecht. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema le quitó el cargo de concierto para delinquir y mantuvo los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. También le impuso una multa de 1.175 millones de pesos e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 10 años y cinco meses.
En la sentencia, la Corte señaló que la multinacional dispuso «considerables sumas de dinero» para obtener el contrato de estabilidad jurídica, que da garantías tributarias a las empresas. También indicó que Guerra de la Espriella recibió dinero «a cambio de la intervención en el contrato de estabilidad jurídica».
Aquí está el punto de fondo. Cuando el aparato estatal genera episodios confusos sobre el destino de un condenado por corrupción, la confianza pública se erosiona. Y si además aparece la posibilidad de un trato distinto al de una cárcel ordinaria, la doble vara queda expuesta ante todos.
Que no te lo cuenten. El orden en las cárceles y la igualdad ante la ley no son detalles administrativos. Son la base de cualquier sistema serio. Cuando la burocracia se enreda, el costo político lo paga el país; cuando hay privilegios, lo paga la credibilidad institucional.
