Que no te lo cuenten.
Desiree Lynch se presentaba como la voz de las «familias trabajadoras» de Stockton, California. Prometía limpiar el Ayuntamiento y acabar con el crimen en las calles. El problema: según la fiscalía, ni siquiera vivía en el distrito que quería representar.
Lynch fue arrestada la semana pasada con cinco cargos de felonía: tres por perjurio, uno por causar o permitir un registro electoral falso y otro por presentar una declaración de candidatura fraudulenta. La acusación sostiene que usó dos direcciones ficticias para acreditar residencia en el Distrito 5 del Concejo Municipal de Stockton —requisito legal para postularse— cuando en realidad vivía en Lodi y en el norte de Stockton, dentro del Distrito 1.
Una de esas direcciones pertenece al bar Harry's Cocktail Lounge, en East Charter Way. La otra corresponde a los apartamentos Doyle Garden, en East Oak Street. Ninguna era su hogar real, según la Fiscalía del Condado de San Joaquín.
Lynch fue procesada con una fianza de 100.000 dólares. Tiene audiencia programada para el 2 de septiembre y enfrenta una pena máxima de seis años y ocho meses en prisión estatal si es declarada culpable.
El lunes, a través de su abogado Allen Sawyer, Lynch se retiró de la carrera «de forma inmediata». Sawyer señaló que su clienta «se enfocará al cien por ciento en sus responsabilidades familiares». Sin más comentarios sobre el fondo del asunto.
Antes del arresto, la alcaldesa de Stockton, Fugazi, ya había pedido públicamente que Lynch suspendiera su campaña ante las dudas sobre su residencia. Lynch se negó. «Si las preguntas eran lo suficientemente serias para plantear dudas sobre la integridad del proceso antes de hoy, siguen siendo lo suficientemente serias para responderlas mañana», dijo Fugazi en un comunicado. La respuesta llegó en forma de esposas.
La Fiscalía fue directa: «Los ciudadanos de esta comunidad merecen un representante que realmente viva en sus vecindarios, no un oportunista que fabrica una dirección falsa para hacer trampa en el sistema».
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El relato se cayó solo. Lynch construyó su campaña sobre la retórica del «sistema corrupto» y la «clase política que no escucha», el guión de siempre. Mientras tanto, según los fiscales, manipulaba el padrón electoral con domicilios inventados para colarse en una papeleta a la que no tenía derecho.
Esto no es un error administrativo ni un malentendido de formularios. Son cinco cargos de felonía. La doble vara de quienes denuncian la corrupción ajena mientras fabrican la propia es, a estas alturas, una constante que los votantes ya deberían reconocer a primera vista.
