El operativo «Némesis» logró lo que parecía difícil: poner entre rejas a Alejandro Arias Monge, alias «Diablo», uno de los criminales más buscados de Costa Rica. Pero la pregunta que ahora recorre los pasillos judiciales es otra: ¿se queda o se va a Estados Unidos?
La respuesta, por ahora, es que se queda.
Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue categórico en declaraciones a Noticias Repretel: «Diablo no está requerido para ser extraditado, no lo está, no lo está». Hasta la fecha, la DEA no ha presentado ninguna solicitud formal de extradición contra Arias Monge.
Soto aclaró además un punto que circulaba con confusión en medios y redes: Costa Rica sí pidió a Estados Unidos colaboración mediante una recompensa para facilitar la captura, pero eso es distinto a una petición de extradición. «Fue una petición nuestra que pidiéramos la recompensa para capturarlo. Pero no está pedido en extradición, aunque yo no descarto que DEA lo pueda pedir, pero hasta hoy no lo ha pedido», precisó el funcionario.
El nudo está en la transnacionalidad. La DEA analiza si la estructura criminal de Arias Monge justifica una acusación bajo leyes estadounidenses. Soto fue claro sobre los límites de lo que hoy se puede afirmar: la organización operaba principalmente en tráfico local de drogas, con vínculos a grupos como los de López Vega y Noni Choc. «La transnacionalidad de esta estructura es algo que ellos van a tener que revisar, porque yo le aseguro del tráfico local cien por ciento», dijo. Y sobre el envío directo de droga a Estados Unidos, el director del OIJ fue igualmente preciso: «No lo puedo afirmar en este momento».
Si Washington decide formalizar el pedido, Costa Rica aplicará el procedimiento habitual y está preparada para colaborar, según Soto. Si no lo hace, el proceso seguirá en tribunales nacionales. Mientras tanto, «Diablo» permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, y las autoridades refuerzan la vigilancia del perímetro.
Que no te lo cuenten. La captura es un logro real del aparato de seguridad costarricense, y merece reconocerse como tal. Pero el caso también expone una realidad incómoda: el crimen organizado en Centroamérica opera en zonas grises donde la cooperación internacional llega tarde, con formularios, y sujeta a criterios de jurisdicción que los narcos no respetan. La DEA tiene la palabra. Mientras delibera, el contribuyente costarricense carga con la custodia de un capo cuyo futuro judicial depende de una decisión que se toma en otro país.
