La política migratoria de Donald Trump no es un eslogan: es una cifra. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, la Corte de Inmigración de Charlotte emitió 18.133 órdenes de deportación, lo que representa más del 87% de los casos resueltos durante ese período. Así lo documentan los datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
El tribunal realizó 20.865 audiencias en ese lapso. El porcentaje de órdenes de deportación sobre casos resueltos es el más elevado registrado por esa corte en los últimos 15 años. Solo en junio de 2026 se dictaron 2.817 órdenes, mientras que el conjunto de cortes migratorias de Estados Unidos cerró más de 100.000 expedientes ese mismo mes.
El acelerón tiene una explicación concreta. Según la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe, consultada por La Noticia, el tribunal incorporó tres nuevos jueces, lo que permitió avanzar tanto con expedientes antiguos como con procesos recientes. Los tiempos de tramitación pasaron de entre uno y dos años a menos de seis meses en muchos casos. Ezeigwe también señala que percibe una mayor presión institucional para aumentar la productividad de las cortes.
Los datos revelan otra variable crítica: 14.192 de las órdenes de deportación afectaron a migrantes sin representación legal, frente a 3.941 que sí contaban con abogado. Además, 13.347 personas no se presentaron a la audiencia fijada. Según Ezeigwe, cuando el inmigrante no comparece, la orden se dicta directamente sin que el tribunal analice el fondo del caso.
El tribunal de Charlotte mantiene todavía 121.011 expedientes pendientes, lo que lo ubica entre los juzgados migratorios con mayor carga de trabajo en el país.
Ezeigwe también mencionó que una decisión judicial reciente restringió la posibilidad de que agentes del ICE permanezcan dentro o en las inmediaciones de los tribunales para detener a inmigrantes que acuden a sus audiencias. Según la especialista, esa resolución podría reducir el temor y favorecer una mayor asistencia a las citas judiciales.
Que no te lo cuenten. Lo que durante años se presentó como una burocracia inamovible —cortes saturadas, expedientes dormidos por lustros, un sistema diseñado para el colapso— empieza a funcionar cuando hay voluntad política de hacerlo funcionar. El estado de derecho migratorio no es crueldad: es la condición mínima para que cualquier política de inmigración legal tenga sentido. Quien llega por los canales establecidos merece un sistema que no esté secuestrado por el desorden. Los números de Carolina del Norte son, antes que cualquier otra cosa, una señal de que el aparato puede rendir cuentas cuando se le exige.
