El Centro Democrático movió ficha. La bancada pidió al Congreso devolver el Presupuesto General de la Nación para 2027. El motivo: el proyecto que radicó el gobierno de Gustavo Petro el pasado 29 de julio tiene, según la colectividad, «graves problemas» que debe corregir el nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella.
Los números no mienten. El presupuesto asciende a 575,6 billones de pesos, equivalente al 27 % del PIB. Los ingresos proyectados llegan apenas a 545,4 billones. El faltante: 30,2 billones de pesos. El gobierno anterior propuso cubrirlos con otra reforma tributaria, calculada en 21,9 billones de pesos de recaudo adicional para el próximo año.
La aritmética no cierra. Y los alertas se acumulan.
Analistas consultados por medios colombianos advierten que, más allá del hueco de 30 billones, el proyecto requeriría un endeudamiento adicional de 118 billones de pesos. La Contraloría, por su parte, ya encendió señales de alarma. Según un comunicado del ente de control, «gran parte del presupuesto está destinado a atender la deuda pública mientras que los recursos para inversión y funcionamiento permanecen estancados».
El reparto interno del gasto tampoco favorece al país productivo. La inversión representa apenas el 15,6 % del total. El funcionamiento del aparato estatal se lleva el 63,9 %. Más burocracia, menos obra.
El Centro Democrático exige que el nuevo proyecto demuestre, «con soportes verificables», la consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. También reclama que se identifiquen las partidas cuya financiación depende de ingresos contingentes. En cristiano: que no se gasten recursos que todavía no existen. La bancada pide, además, incorporar las observaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y del Banco de la República sobre el déficit y la deuda pública.
La Contraloría fue clara: el presupuesto de 2027 debe ser «financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado».
Esto es lo que Petro deja sobre el escritorio de su sucesor. Un presupuesto inflado, sin fuente cierta para 30 billones, con otra reforma tributaria como parche y una factura de deuda que los contribuyentes colombianos terminarán pagando. El relato del gasto social generoso siempre omite la misma línea: quién pone el dinero y hasta cuándo aguanta.
De la Espriella tiene la oportunidad de romper esa inercia. Devolver el presupuesto no es un gesto político menor. Es la primera prueba de que Colombia puede volver a gobernar con cuentas que cuadren.
