Iván Cepeda denunció ante la Fiscalía General de la Nación al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, por presunta calumnia agravada, luego de que lo vinculó con el llamado «voto fusil» en zonas donde obtuvo respaldo electoral.
Cepeda dijo que las afirmaciones de Mora ponen en riesgo a comunidades rurales y estigmatizan a quienes votaron por su coalición. También aseguró que el ministro actúa como «autor y cómplice» de una campaña de mentiras contra Gustavo Petro y contra él.
En su respuesta, Cepeda señaló que la participación de la población rural en las últimas elecciones presidenciales alcanzó el 65%, cifra que atribuyó a la Misión de Observación Electoral, MOE. Según el senador, ese registro refleja décadas de ejercicio de derechos políticos por parte de organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El dirigente agregó que esa movilización también estuvo marcada por las dificultades del sistema electoral y por la presión de grupos armados ilegales. Además, sostuvo que el respaldo al Pacto Histórico en numerosos territorios estuvo ligado a los avances de la reforma agraria y a las transformaciones sociales de los últimos cuatro años.
Cepeda afirmó que dos organismos desmienten la hipótesis de una alteración electoral provocada por grupos armados. Citó a la MOE y a la misión de observación de la Unión Europea. Según el senador, la MOE concluyó que no existe evidencia que permita establecer una injerencia armada determinante sobre el resultado.
También dijo que la MOE registró victorias de Abelardo de la Espriella con hasta 70% de los votos en múltiples zonas con presencia de grupos armados ilegales. Y citó el informe final de la misión europea sobre los comicios del 21 de junio de 2026, donde no se detectó «una injerencia de los grupos armados que haya afectado el resultado de las elecciones».
Cepeda insistió en que Mora no ha presentado pruebas sobre la existencia del «voto fusil». Añadió que sus acusaciones no tienen fundamento fáctico y que la narrativa favorece a clanes políticos mafiosos y narcotraficantes tradicionales en el mundo rural.
El punto de fondo es otro. Cuando la política se usa para lanzar acusaciones sin respaldo, el daño no cae solo sobre un senador. Cae sobre miles de votantes rurales que terminan atrapados en la propaganda, la estigmatización y la doble vara de una burocracia que habla de orden mientras siembra sospecha.
Que no te lo cuenten. Si no hay pruebas, no hay caso. Y si un ministro acusa, debe responder con hechos, no con relato. El país no necesita más campañas propagandísticas. Necesita instituciones serias, seguridad jurídica y respeto por el voto de los ciudadanos.
